En plena campaña presidencial, Juan Manuel Santos dijo que los "únicos que no cambian de parecer son los tontos". Pues parece que le llegó la hora de aplicar esa sentencia en materia de seguridad. El nuevo plan de inteligencia y lucha contra los grupos armados ilegales, presentado en pleno acto conmemorativo del 7 de Agosto, es un reconocimiento tácito a que no era percepción el deterioro del orden público, como quiso hacerlo ver durante este primer año de mandato, sino una realidad.
Y ese timonazo, hay que reconocerlo, es oportuno y urgente de acompañar sin protagonismo ni polarizaciones. La buena marcha del país pasa por la seguridad, pues sin ésta no es posible garantizar el crecimiento económico, la inversión privada y el bienestar social, tal como quedó demostrado durante la Política de Seguridad Democrática del gobierno Uribe.
En buena hora, y por la fuerza de los hechos, el Presidente Santos ha dejado de estar a la defensiva. Reconocer que hay evidentes problemas de seguridad en muchas regiones del país es el primer gran paso para contrarrestarlos.
Y el nuevo plan de seguridad presentado por el Gobierno introduce significativos cambios que nos permiten pensar que es posible revertir el deterioro del orden público.
Si es cierto, como lo es, que la ofensiva militar desplegada por la Fuerza Pública contra los "santuarios" de las Farc y los corredores del narcotráfico de las bandas criminales ha provocado cambios en las estrategias de los ilegales, resultaba lógico y urgente acondicionar también la forma de actuar del Estado, incluida la administración de justicia.
Es fundamental, y así lo ha hecho saber el Gobierno, recuperar toda la capacidad de la inteligencia militar, acoplarla a la nueva realidad de la guerra de guerrillas, y llevarla hasta el último reducto del territorio nacional. El exitoso Plan de Consolidación que se comenzó desde la Administración anterior tiene en la recuperación territorial el restablecimiento de la legítima justicia y la inversión social, algunos de los componentes más importantes para garantizar la seguridad y la convivencia ciudadanas. Estábamos en mora de que la capacidad de respuesta institucional caminara a la misma velocidad de adaptación que han mostrado los actores armados ilegales.
Por eso es prioritario cerrar los atajos delictivos que comienzan a habilitar guerrilla, bandas criminales y narcotraficantes. Que el secuestro se haya incrementado en lo que va de este año en un 8 por ciento es preocupante y demanda una acción conjunta, no sólo de las Fuerzas Armadas, sino también de los ciudadanos. Hay que denunciar y no ceder ante las amenazas y la extorsión. La creación del Centro de Fusión de Inteligencia del Comando General de las Fuerzas Militares va en esa dirección y es un acierto.
No menos importante, y también lo habíamos dicho en muchas otras ocasiones, es recuperar la motivación de nuestros soldados y no dejarlos solos ante la guerra jurídica y la combinación de todas las formas de lucha que se desataron para deslegitimar los resultados de la Seguridad Democrática del exPresidente Uribe, una guerra que, en vez de terminar, se ha incrementado.
Ese "cambio extremo" de Santos también debe alcanzar para recuperar la presencia del Estado en zonas de frontera, pues de nada vale que apretemos manijas en todo el territorio nacional, si los bandidos nos hacen gambetas y se van hacia los países vecinos.
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