La región del Catatumbo se ha vuelto a levantar por las vías de hecho y el Gobierno asiste a apagar un incendio que hace décadas arde debajo de una tierra inmensamente rica en minerales, flora y fauna, pero pobre y frágil en su institucionalidad, tejido social y desarrollo económico.
Una foto ya conocida, similar a la de otras regiones del país, que se revela cada cierto tiempo con explosiva violencia y descontento social.
La histórica presencia del Eln, la ofensiva de ocupación territorial de las Farc desde el sur del país y la llegada de los paramilitares entre 1997 y 2000, convirtió la región del Catatumbo en un escenario de confrontación militar donde la institucionalidad del Estado ha llegado fugazmente y en muchas ocasiones como mera manifestación de la fuerza.
El Catatumbo fue la segunda región del país en donde se aplicó el Plan Colombia, después de La Macarena (Meta), pero también donde el Plan de Consolidación Territorial contemplado en la Política de Seguridad Democrática ha avanzado menos.
Según datos del DNP, los índices de pobreza de los municipios que conforman la región del Catatumbo superan el 53 por ciento y las Necesidades Básicas Insatisfechas están por encima del 55 por ciento. Sólo el 27 por ciento de la población tiene agua potable.
La explotación ilegal de la minería y el cultivo de hoja de coca han acabado con no menos de 250.000 hectáreas de bosque húmedo tropical y el Catatumbo, como región, tiene los más altos índices de desplazamiento forzado del país, con un promedio de 17 mil por cada 100 mil habitantes.
Su estratégica posición geográfica, la extensa frontera que comparte con Venezuela y su exuberante territorio de selva, en vez de ser ventajas competitivas, se han convertido en parte de su desgracia.
Los programas de sustitución de cultivos ilícitos, foco de las violentas protestas de las últimas dos semanas, se quedaron cortos para resolver el complejo drama social que viven los campesinos de la región, atrapados entre la falta de vías de comunicación, deficientes sistemas de educación y salud, corrupción administrativa y la presión de actores armados.
La palma de aceite, que en sus inicios fue un aliciente para que muchas familias decidieran abandonar la siembra de coca, resultó insuficiente para garantizar los mínimos ingresos de quienes estaban en la ilegalidad. El regreso de la guerrilla a zonas que habían estado en manos de los paramilitares no se hizo esperar.
Infortunadamente, muchos de esos manifestantes que ahora rechazan la presencia de la Fuerza Pública y la enfrentan con granadas y artefactos explosivos, que nada tienen que ver con la esencia campesina, desdibujan sus pretensiones sociales.
El Gobierno debe actuar con toda la firmeza para recuperar el orden público, pero al mismo tiempo desarrollar en el Catatumbo un ambicioso plan de inclusión social, desarrollo económico y participación ciudadana que permita cerrarles el paso a los ilegales que pescan en río revuelto.
De lo contrario, la mecha de insatisfacción social de la región, y de tantas otras, seguirá prendida, esperando la ocasión para explotar con impredecibles consecuencias.
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