Este año empezó con la puja de varias empresas internacionales por controlar gran parte de la producción de carbón del país.
En crudas, pero sencillas palabras, estamos vendiendo pedazos de país para que otros los quemen a quién sabe cuántos kilómetros de distancia. Cada año, sólo las minas de carbón son responsables de reducir nuestro país en más de 70 millones de toneladas. Esto sin contar la explotación de otros minerales, necesarios para sostener un sistema económico extractivo, dependiente de la perturbación de los ecosistemas.
Mi crítica no va, ni mucho menos, hacia las exportaciones de bienes y los beneficios que esto trae. Mi crítica va más hacia el poco control que tenemos sobre nuestros recursos, hacia los enormes costos ambientales y sociales comparados con unos pocos beneficios económicos, que además de diluirse en las prácticas corruptas de unos cuantos, no alcanzan para mitigar el deterioro de nuestra naturaleza -la verdadera riqueza del país- ni el desplazamiento de pueblos enteros, herederos milenarios de tierras maldecidas por la riqueza mineral.
Mi crítica va hacia la nada nueva preocupación por el manejo que el Estado colombiano le da a la minería en nuestro territorio.
Y me refiero a la riqueza mineral como una maldición, cuando es manejada irresponsablemente y sin pensar en las consecuencias de la explotación descontrolada.
¿Cómo se entiende la pobreza en la que viven los pueblos de la costa del Caribe, cuando deberían ser los más ricos? Y, por no ir más lejos, sólo hay que darle una miradita a nuestra hermana República Bolivariana de Venezuela: podría ser la "Noruega Suramericana", pero claramente no lo es.
Y ni qué decir de algunos países africanos, sumidos en guerras por minerales, como el caso del coltán en el Congo, los diamantes en Sierra Leona o el petróleo en Nigeria.
La verdadera democracia sólo se alcanzará fortaleciendo las instituciones, logrando que tengan la autoridad de defender los derechos del pueblo que representan, no sólo vendiéndolos al primer postor. Aclaro que no estoy sugiriendo que algún demente empiece a caminar por el país con su séquito de saltimbanquis, decretando a su antojo la nacionalización de empresas y fomentando aún más la corrupción y el beneficio de unos cuantos por encima del pueblo.
La humanidad está atrapada en una cárcel tecnológica y económica. Un sistema rígido que es todo menos resiliente, incapaz de adaptarse a cambios bruscos, como lo demuestran las recientes crisis financieras. La transición hacia sistemas justos e incluyentes no sucederá de la noche a la mañana, pero el manejo ineficiente y sesgado de los recursos no ayuda en nada.
Y ciertamente la indiferencia tampoco. Estamos en la era de las tecnologías de la comunicación y la información. La excusa de "es que yo no sabía" ya no es tan buena como lo era antes. Ahora el tema tiene implicaciones morales y sistémicas: todos estamos conectados y sufriremos las consecuencias tarde o temprano.
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