La visita del jurista surcoreano Sang-Hyun Song, Presidente de la Corte Penal Internacional (CPI), sirvió para que el Gobierno colombiano reiterara su compromiso con los principios del derecho internacional, y la compatibilidad entre nuestra legislación interna y las normas y obligaciones derivadas de la jurisdicción de la CPI en nuestro territorio.
El juez Sang-Hyun Song coordina la actividad de los 18 jueces y cerca de 700 funcionarios de 90 países que tiene la Corte. La CPI cumple este próximo mes de julio nueve años de funcionamiento, sin que hasta ahora haya dictado ninguna sentencia entre los varios casos que investiga y juzga, con protagonistas acusados de graves delitos contra la humanidad. Eso indica los obstáculos que ha encontrado para su plena operatividad.
El Estatuto de Roma, que dio vida a la CPI y consagra sus objetivos fundamentales, ha sido ratificado por muchos Estados, entre ellos Colombia. Otros no lo han hecho, como Estados Unidos, Israel, Rusia, China, India, Cuba y unos diez más. La Corte Penal Internacional pretende, básicamente, luchar contra la impunidad de los genocidios, los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra. El dictador libio Muamar el Gadafi ha sido el último en ser citado, con orden de detención, para comparecer ante el organismo y responder por los delitos cometidos contra su propio pueblo.
Durante la visita del alto dignatario de la CPI, se firmó un Acuerdo de Ejecución de Sentencias, cuyo texto aún no se conoce públicamente, pero que según la información entregada por el Gobierno, habilitará a nuestro país como territorio de cumplimiento de penas para personas condenadas por esa Corte.
Creemos que la satisfacción del Gobierno radica en ser el primer Estado de Latinoamérica en suscribir un Acuerdo de esta naturaleza, más que en la ejemplaridad continental o el buen funcionamiento del sistema penitenciario en nuestro país, cuyas falencias han sido evidenciadas en notorios casos de escándalo nacional.
Colombia es "exportador" neto de presidiarios, mediante extradiciones masivas, entre otras razones por la incapacidad de manejar y controlar a sus propios penados. El Gobierno ha anunciado varias reformas, sin que hasta el momento se haya adelantado mayor cosa.
Hace tres años, por no ir más lejos, casi todos los capos del paramilitarismo fueron enviados a Estados Unidos, pues aquí no hubo manera de disciplinarlos. ¿Qué garantías podrá ofrecer el país, entonces, para los condenados por delitos juzgados por la CPI?
Muchos países se niegan a extraditar a sus nacionales a Colombia -recuérdese el caso Yair Klein- ante la sospecha de que aquí no hay protección efectiva a sus derechos humanos, su integridad, o su dignidad. Y no podrá decirse, sin vulnerar el derecho a la igualdad, que para los extranjeros sí habrá régimen penitenciario adecuado, sin ofrecerlo también a los propios nacionales.
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