La Sala de Conjueces delegada por el Consejo Nacional Electoral para decidir la validez del financiamiento de la recolección de firmas para el referendo releccionista del presidente Álvaro Uribe declaró inválido el proceso al calificarlo "no ajustado a las condiciones de plenas garantías".
La sala la conforman Carlos Mario Isaza, Felipe Pérez y Manuel Pretelt de la Vega. Primeras reacciones conocidas anoche, objetaron el punto de la invalidez de las firmas, dado que los conjueces fueron elegidos solo para decidir sobre formulación de cargos. La decisión recibió dos votos a favor (Isaza y Pérez), mientras que el conjuez Pretelt salvó su voto.
Carlos Mario Isaza señaló: "La primera decisión tiene que ver con la declaratoria de que todo el proceso surtido ante la organización fue violatorio de las condiciones de plenas garantías que exige el numeral seis del artículo 265 de la Constitución".
Así mismo, la terna decidió formular pliego de cargos contra el comité de promotores del referendo, por maquillar presuntamente la entrega de registros financieros y violar los topes permitidos para el desarrollo de la recolección de firmas. La terna de conjueces decidió "formular cargos por infringir los artículos 3 de la resolución 067 del 2008 del Consejo Nacional Electoral y 097 de la Ley 134 de 1994, al recibir contribuciones individuales superiores a los topes establecidos dentro del proceso de recolección de firmas".
Las personas afectadas por esta decisión son Luis Guillermo Giraldo, Doris De Echeverry, David Ángel Botero, Mirian Donato De Montoya , Cecilia Paz de Mosquera, David Salazar Ochoa y Álvaro de J. Velásquez.
Según el conjuez Isaza, si se decide alguna impugnación, los implicados deberán efectuarla ante el grupo de conjueces. "Luego decidiremos si la sala continúa con el proceso o se le regresa al Consejo Nacional Electoral", explicó el conjuez Carlos Mario Isaza.
Opina constitucionalista
El constitucionalista Juan Manuel Charry opinó que esta es una decisión de orden administrativo que pone en marcha un procedimiento que puede culminar con sanciones para los promotores del referendo. "Sin embargo, no nos debe extrañar que haya una discusión en torno a la legitimidad de los conjueces, que se busque una nulidad de la forma como fueron sorteados y que, incluso, se interponga una tutela contra esta decisión", explicó.
Dijo que, en principio, la decisión no debe afectar el juicio de constitucionalidad de la ley del referendo que estudia la Corte Constitucional.
A la espera de la Corte
A propósito, sólo en marzo de 2010 la Corte Constitucional adoptaría una decisión final dentro del proceso que se sigue en el caso del referendo reeleccionista. Así lo dejo ver el presidente del Alto Tribunal, magistrado Nilson Pinilla, al tener en cuenta los términos para proferir el fallo definitivo. Solo ayer llegaron a la Corte las últimas pruebas reclamadas por el magistrado Humberto Sierra, ponente de la decisión.
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