• Medellín, 21 de octubre de 2014
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Crecimiento con justicia distributiva

EL CRECIMIENTO ECONÓMICO con justicia y equidad en la distribución del ingreso, es también un elemento clave en la búsqueda de la competitividad del país. No es suficiente crecer, sino que el crecimiento debe acompañarse de políticas para definir esa distribución.

Maria Teresa Lopera Cháves* | Medellín | Publicado el 26 de octubre de 2011

Ya decía John Stuart Mill que el sentido de la justicia era uno de los asuntos que dejaban ver los arraigos más fuertes de los seres humano, que a este fin dedicaban gran parte de sus energías. Y si se trata de justicia distributiva, a la intensa búsqueda de la justicia se unirá una demanda totalmente secular de reclamar al Estado una mediación a favor de "todos", especialmente de aquellos que quedan por fuera de las oportunidades, en este caso de reconocimientos civiles, lucha por los derechos, participación en los mercados, o sea, que la justicia distributiva se encuentra en el centro de la vorágine desatada por el reparto de los bienes de la sociedad igualitaria pero profundamente inequitativa.

Así ética y política se unen problemáticamente en el concepto de justicia distributiva, que de entrada significa capacidad de acceder a los beneficios de la vida en común, tanteo permanente por no ser excluidos en los ámbitos relevantes sociales e individuales, de allí que la pregunta sobre la competitividad y su papel frente al desarrollo nos lleva a la pregunta acerca del modelo de crecimiento y el papel que juegan respecto a él el Estado y el mercado.

Crecimiento con equidad es una utopía ya que el fin de la actividad económica no es la justicia sino la maximización de los beneficios, y aún con una intervención decidida y coherente del Estado apenas se lograría paliar las brechas profundas y crecientes que arroja la actividad económica en una sociedad regida por las ideas neoliberales. El sentido ético del desarrollo como lo proponen autores como Amartya Sen sería por lo tanto un horizonte normativo más que lejano, imposible.

Crecimiento con justicia distributiva significaría que el Estado puede legítimamente realizar acciones compensatorias que financiaría toda la sociedad, -en este caso la sociedad de mercado- con lo cual el fin de la maximización de utilidad se desdibujaría como proyecto para el conjunto de la sociedad y ni siquiera podemos intuir como sería esa sociedad justa hoy, con una sociedad civil efectiva, una ciudadanía actuante, con una búsqueda de la equidad efectiva. Aquí el sentido político tomaría un rumbo incierto originado por la pregunta escueta pero clara ¿Y quienes pagan en una sociedad así?

De aquí podemos colegir que la búsqueda de mayor competitividad de una economía, pasa necesariamente por la definición y jerarquía de los valores que se busca realizar, y este concepto como muchos otros nos dejarán un dilema: ¿Buscamos un crecimiento efectivo pero justo, o ya nos es suficiente la retórica de la vía del crecimiento real y equitativo en nuestras sociedades bajo la apoteosis del mercado?

*Profesora, Departamento de Economía- U. de A.

» Análisis

Regulación de servicios públicos y competitividad

David Tobon Orozco
Departamento de Econonmía- Universidad de Antioquia

Si bien la regulación como intervención pública en la actividad económica es una práctica remota, a partir de las reformas de los noventa se configuraron las actuales comisiones de regulación, se sanearon financieramente las empresas públicas y se dio vía libre a la competencia y la participación privada en la provisión de servicios públicos. Los resultados son notorios en cuanto aumentos de cobertura y calidad, ajustes tarifarios a los costos de provisión, diversificación de productos y reducción en la enorme carga fiscal que asumía el Estado; más evidentes han sido en los sectores de tecnologías de información y comunicaciones, coadyuvados por los desarrollos tecnológicos de la Internet y la telefonía móvil, y en el sector eléctrico, referencia internacional por la seguridad y confiabilidad en el suministro de energía eléctrica, la competencia generada en la bolsa de energía, la opción de ser cliente no regulado con una demanda requerida cada vez más baja y poder administrar el riesgo mediante contratos de largo plazo y la creación reciente de un mercado de futuros (Derivex).

La regulación en Colombia busca garantizar la efectividad de los principios sociales y el adecuado funcionamiento del mercado y los principios del Estado Social de Derecho. Esto significa que debe asegurar tanto los derechos de propiedad y la libertad económica como la provisión de un mínimo vital, la participación ciudadana, la protección de grupos especiales y la intervención en la economía con miras a corregir situaciones de grave desigualdad e inequidad. Y nuestra institucionalidad la ha definido como una función técnica y no  reglamentaria, sujeta a las competencias del legislador y del gobierno.

El primer reto de las comisiones es tener personal con los más altos estándares técnicos, pues se trata de una labor compleja y dinámica al estar sujeta a cambios permanentes en las condiciones de demanda, de mercado y tecnológicas. El segundo, mantener y superar su autonomía, distinta a la deseada independencia que es un concepto más amplio y diferente. Estas hacen parte del poder ejecutivo y el Presidente es el que las preside, nombra los comisionados y sus ministros las integran. Una reforma requerida en los servicios públicos, como se hizo con el Banco de la República, es que las comisiones adquieran una independencia relativa de los poderes ejecutivo y legislativo, que sus comisionados tengan periodos de permanencia mayores a los actuales, con salarios competitivos, ajenos a los ciclos políticos y la presión de los grupos de interés.

En el Plan de Desarrollo se elimina el recargo del 25% sobre el costo de la electricidad de algunos sectores de la industria, iniciativa que no podía surgir del regulador del sector eléctrico, deseable para aumentar la competitividad pero que inquieta las finanzas municipales para compensar esta pérdida en los fondos de solidaridad. Esto plantea el reto de darle al regulador la capacidad y las herramientas de avanzar con reformas de mercado y técnicas que produzcan el mismo resultado sin afectar la política social.

» Análisis

¿Han afectado algunos factores el desempeño de las empresas?

Andres Ramirez Hazzan
Docente Investigador- Universidad Eafit

Generalmente se habla del impacto que los diferentes arreglos institucionales tienen sobre los sistemas económicos. Entiéndase como arreglos instituciones todas las reglas del juego en una sociedad, las cuales son limitaciones impuestas por el hombre que dan forma a la interacción humana. Estas limitaciones pueden ser de carácter formal  o informal y el mecanismo para su cumplimiento se fundamenta en los incentivos implícitos. Es así como las instituciones, al actuar como un conjunto de reglas, estructuran el comportamiento y la conducta de los diferentes agentes en la economía, y en consecuencia, mejores formas de organización social llevarán a una mejor y más eficiente inversión en capital físico y humano, así como una mejor utilización de los mismos. De esta forma, las instituciones estructuran todo el sistema productivo de un país, por lo que se convierten en el eje central en el proceso de desarrollo. 

Muy probablemente, el arreglo institucional más importante en una sociedad es el derecho a la vida. Por tal motivo,
investigadores de la Universidad Eafit realizaron recientemente un estudio en el que se estimó el efecto de la tasa de homicidios sobre los ingresos operacionales de algunas empresas privadas colombianas. Dado el objetivo de aislar
el efecto asociado a la tasa de homicidio, el análisis econométrico controló por aspectos directamente asociados a las empresas, el sector al cual pertenecen y variables relacionadas con el entorno económico del área de influencia en la cual operan.

La investigación enseña que si Colombia redujera la tasa de homicidios de 39,39 por cada 100.000 habitantes a 14,90, el cual es el promedio de Suramérica, el crecimiento promedio anual de los ingresos operacionales de las empresas aumentaría 0,25% anual.

Por otra parte, dado que las instituciones relacionadas con la justicia también cumplen una función importante
en el funcionamiento de la economía, pues garantizan los derechos de propiedad de los inversionistas y el cumplimiento de los contratos, el estudio en cuestión también evaluó el efecto de la eficiencia del sistema judicial sobre las empresas. Se encontró que si Colombia por lo menos mantiene el stock actual de procesos civiles y laborales, es decir, evacua anualmente la misma cantidad de procesos que entran, la tasa de crecimiento de las empresas aumentará 0,54% anualmente.

Los resultados indican que las instituciones tienen efectos significativos sobre las empresas colombianas analizadas,
y que evidentemente estas desempeñan un rol trascendental en el crecimiento empresarial. En consecuencia, el estado colombiano debe procurar por el fortalecimiento de las mismas.


» Interacción y participación

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