La criminalidad de Estado es tabú, en Colombia. No lo debería ser. Hay muchas razones (especialmente de Estado) para reconocer y encarar la existencia de prácticas criminales que se han originado, amparado e incrustado en el poder estatal.
Theodore Roosevelt escribió hace un siglo: "Detrás del gobierno ostensible se sienta entronizado un gobierno invisible que no debe lealtad ni reconoce responsabilidad al pueblo. La primera tarea del estadista actual es destruir ese gobierno invisible, mancillar la alianza impía entre los negocios corruptos y la corrupción política" (An Autobiography, 1913).
El vigésimo sexto presidente estadounidense registró una verdad incómoda que es más fácil ignorar que confrontar. La fachada puede corresponder a la de una respetada democracia con controles y garante de libertades, pero el gobierno invisible –ese que se niega pero que todos reconocen– evoca un solo mensaje: el desprecio por la ley.
La confrontación de los crímenes de Estado o de la criminalidad de sistema es necesaria porque su planeación, perpetración e impunidad involucran al poder público. No es lo mismo delinquir al margen de la ley que cometer crímenes bajo el amparo de la ley. En los crímenes de Estado, la noción de lo público y el manto de la ley están comprometidos.
No me refiero solo al aprovechamiento individual de un puesto de poder o a manifestaciones criminales de unos cuantos servidores públicos para perseguir provecho propio. Espero que el derecho penal se aplique en esos casos y que los corruptos y los violentos sean sancionados. Al fin y al cabo, esta es la promesa básica del derecho penal.
Convoco la atención sobre un tipo de criminalidad distinta, encumbrada en Colombia, una "que es útil al sistema, y es causada por el sistema. Corresponde al ambiente prevalente en el sistema" (Bert V.A. Röling, 1975).
El crimen de Estado ataca la cosa pública. El crimen de Estado no es solo manifestación de desviación individual, requiere desviación colectiva, organizacional. El crimen de Estado es sistémico e institucional. Usa y destruye la confianza pública.
Por lo tanto, su confrontación no solo pasa por la aplicación de derecho penal y el establecimiento de responsabilidades individuales. El derecho penal cumple un roll, poco querido y muy resistido, en confrontar este tipo de criminalidad. Pero la aplicación del derecho penal suele usarse de manera instrumental, buscando chivos expiatorios y mostrando manzanas podridas. Claro que hay personas de personas, unos más torcidos que otros, pero la criminalidad de sistema no inicia ni termina con esos personajes; depende de prácticas, estructuras y culturas. La concentración sobre individuos tiene un efecto deseado por el gobierno invisible: hace desaparecer al Estado delincuente.
La confrontación de la criminalidad estatal inicia con inmensa valentía política, como la expresada por Roosevelt. Pasa por la aceptación de responsabilidades de los gobernantes y de otras fuentes de poder. Implica un acto de reconocimiento frente a la desviación de poder. Su confrontación pasa por reformas profundas de las instituciones nacionales, incluyendo cambios dinámicos, no solo formales o legales.
Atacar el crimen de Estado no debería ser visto como un acto sedicioso sino como un acto de defensa de lo público, un acto que busca concentrar el poder en el gobierno visible. El crimen de Estado no puede ser tabú. El proceso de paz es un buen momento para cambiar "el ambiente prevalente en el sistema"
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