La ausencia de control y seguridad oficiales en la comuna 13 de Medellín no es nueva. No hay "operación militar" que lo resuelva. La deplorable situación no es fruto de factores recientes; es el resultado de la falta del ejercicio de soberanía estatal en un populoso sector de la ciudad y, lo que es peor, de la delegación (activa y pasiva) de la seguridad, durante años, a poderosas empresas criminales.
Esta situación, tristemente, encuentra reflejo en varias comunas de Medellín, y en sendas localidades de Colombia. Afecta la vida de cientos de miles, sino millones, de colombianos que día tras día aceptan una vida en la cual hay que "guardarse" temprano y la autoridad nunca es la que debe ser. Sobreviven en sus barrios, buscan no ofender a nadie y sus acciones se someten al efecto coercitivo de la violencia, ejercida por unos pocos de manera efectiva.
Lo extraño es que hablemos de estas zonas de desgobierno y de sus pobladores. Por lo general, estas personas viven ahí y no nos preocupan. La violencia a la cual están expuestas no es una violencia sin sentido. La dinámica es clara: unos pocos controlan las actividades económicas (legales e ilegales), y regulan y sancionan el comportamiento de los individuos y del colectivo social. Estas funciones del Estado son ejercidas en zonas urbanas marginales por grupos organizados: pandillas, a veces autónomas (de brote local), a veces con vínculos (más o menos estrechos) con organizaciones criminales. Lo deplorable es que actúan bajo las narices de la autoridad y no pasa nada.
La delegación de seguridad en zonas como la comuna 13 implica la transferencia de la autoridad y del control sobre la violencia organizada a agentes particulares y, consecuentemente, implica una pérdida cualitativa del ejercicio de la soberanía por parte del Estado y la introducción de formas arbitrarias de gobierno.
La delegación puede ser formal o informal. La primera implica la regularización de estructuras armadas de carácter privado que permiten el traslado formal de funciones. La segunda es más difícil de constatar; se manifiesta mediante el auspicio o la tolerancia de ciertos grupos organizados (y no de otros) en zonas específicas.
La delegación puede ser activa o pasiva. La delegación activa implica la participación directa de fuerzas oficiales en la promoción de estructuras o actividades criminales que las suplantan en ciertas zonas. En cambio, la delegación pasiva se erige sobre lógicas de tolerancia y aquiescencia a la actividad de los criminales. Su carácter pasivo no le resta el elemento consciente a la delegación. Esta se construye sobre el entendimiento tácito de que el vacío de seguridad oficial será llenado por un arreglo local de seguridad y que se consolidará ante la omisión oficial. Siempre pasa y cualquier persona que sepa algo de seguridad lo sabe.
Dependiendo de las lecturas particulares sobre la actuación histórica de los grupos paramilitares en Medellín, de los resultados de las operaciones "Mariscal" y "Orión", de las "conversaciones" entre autoridades y grupos armados para "bajar" los índices de homicidios, y de los efectos de la desmovilización de los paramilitares, entre otros factores, se obtendrá una calificación de la delegación de seguridad que ha tenido lugar en la ciudad: más o menos formal o informal; y más o menos activa o pasiva. Pero todos reconocerán que la delegación juega un papel importante en la seguridad de la ciudad.
Lo que pasa en la comuna 13 no es crisis sino estructura profunda; este brote responde a dinámicas cíclicas en las cuales han intervenido las autoridades. Su tratamiento actual debería acarrear enteramente el ejercicio de soberanía, arrancando por lo social y prestando seguridad (ojalá signada por la prevención y la conducción civil, y no por el enfrentamiento y la militarización).
Esperemos que tanto debate alrededor de la comuna 13 no sea para justificar otra "operación".