El informe presentado ayer en Viena por la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (Jife) sobre cultivos ilícitos y comercio de drogas permite ver el vaso medio lleno o medio vacío, dependiendo de los intereses.
Que Colombia haya logrado reducir a la mitad el área de los cultivos ilícitos en los últimos 20 años, pero que el consumo de cocaína se mantenga en los mismos niveles en Estados Unidos, demuestra que el tema de la corresponsabilidad es una tarea pendiente.
La Jife reconoce los esfuerzos hechos por Colombia en la lucha contra el narcotráfico, no solo por la histórica reducción de los cultivos ilícitos, sino por el decomiso récord de cocaína.
Con algunos picos altísimos durante la administración de Álvaro Uribe , cuando se llegaron a decomisar hasta 250 toneladas de cocaína por año, el promedio de incautación de drogas ilícitas se mantiene en promedio de 150 toneladas/año.
El área cultivada con hoja de coca en nuestro país pasó de algo más de 285 mil hectáreas en 1990 a 154 mil en 2010, lo que representa una disminución de más del 40 por ciento.
Semejante esfuerzo, no solo representado en costos económicos, sino en pérdidas de vidas humanas por acciones terroristas y la guerra entre los narcotraficantes, resulta insuficiente por la falta de una política internacional contra las drogas y los delitos conexos.
Es lamentable, por decir lo menos, que mientras Colombia viene haciendo la tarea de luchar contra las guerrillas y las bandas criminales, atadas ambas al narcotráfico, Estados Unidos reduzca la ayuda antinarcóticos y de asistencia técnica y tecnológica a nuestras Fuerzas Armadas.
Menos aceptable aún es que mientras Colombia libra una lucha frontal contra las drogas ilícitas, países como Bolivia y Perú registren preocupantes índices de aumento en las áreas cultivadas con hoja de coca.
No puede ser un simple dato estadístico que el 90 por ciento de la cocaína que se produce en Colombia se consuma en Estados Unidos.
Es imposible que se pueda combatir el fenómeno del narcotráfico y sus conexidades con la violencia, el tráfico de armas, el lavado de activos y la desintegración social, sin una estrategia internacional integral, que vaya más allá de la simplista y peligrosa propuesta de legalizar las drogas.
El informe de la Jife es crítico en advertir que esa cooperación y corresponsabilidad no se cumplen como debería y, por el contrario, algunos países vienen tomando decisiones que van en contravía de los objetivos fijados en la lucha contra las drogas.
Bolivia y Venezuela no solo expulsaron de su territorio a organismos como la DEA, sino que Evo Morales demandó ante tribunales internacionales algunos acuerdos suscritos con la propia Jife y la ONU sobre lucha contra los cultivos ilícitos, alegando asuntos culturales ligados a la hoja de coca.
El Departamento de Estado de Estados Unidos ha dicho en repetidas ocasiones que buena parte de la cocaína que sale a los mercados internacionales pasa por Venezuela.
No es un hecho aislado la violencia desatada por los carteles de la droga mexicanos en buena parte de la región centroamericana. Hay una estrecha relación con la lucha de Colombia contra los grupos armados ilegales, con la trashumancia de los cultivos ilícitos y con el aumento de la demanda por parte de los consumidores en Estados Unidos y Europa.
Colombia viene haciendo la tarea, pero es urgente que los demás países también la hagan. Sobre todo para llenar el vaso.
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