Hace cuatro años la Corte Constitucional decidió una de las tutelas más famosas, la que le puso obligaciones específicas al Estado para atender a los desplazados por la violencia.
Hoy Manuel José Cepeda, el magistrado ponente de ese histórico texto, reconoce el avance presupuestal y en programas de atención a quienes fueron expulsados de su tierra, pero dice que de 1 a 5, el país aún no puede sacar un 3 en esta materia.
¿Qué balance hace ahora del papel del Estado en atención a desplazados?
"El impacto ha sido muy significativo pero aún queda un camino largo por recorrer. La situación de los desplazados se estaba invisibilizando, pero después de esa sentencia el tema empezó a aparecer en las políticas de la agenda pública y los planes departamentales.
Se revirtió la tendencia de la reducción del presupuesto en los programas para desplazados. El dinero para financiarlos se ha multiplicado por ocho anualmente y desde la sentencia se han apropiado cerca de 6 billones de pesos para atenderlos".
¿Cuál es el mayor avance?
"La incorporación a programas de salud. Ha habido reformas legislativas que han permitido dar atención en salud. Otra cosa es que la estén recibiendo con calidad. En este momento hay un problema con los niños; puede que la mamá tenga carné de afiliación pero los niños desplazados tienen altos niveles de desnutrición. También ha habido avances es en la ayuda humanitaria de emergencia. Ésta debe mantenerse sin ningún límite temporal, hasta cuando el Gobierno haya verificado que el desplazado ya puede autosostenerse".
Sólo el 15 por ciento de los desarraigados retornan. ¿Hay respaldo del sector privado para estimular el regreso?
"Ninguna entidad de ese tipo ha enviado ni una carta a la Corte manifestando que quiere cooperar con el Gobierno o con la entidad territorial respectiva para atender el problema de los desplazados. Lo que veo es un gran desinterés de sectores de la sociedad que tienen influencia y que podrían aportar en esta situación".
¿Cómo hacer para que la atención a desplazados no se convierta en una cadena asistencialista?
"Uno de los ítems para evaluar los indicadores es la generación de ingresos. En principio el Gobierno se comprometió solamente con que los desplazados superaran la línea de indigencia, pero la Corte dijo que no era suficiente y que su obligación era garantizar que los desplazados superaran el margen de pobreza".
¿Hay relación entre la inseguridad y los desplazados en las ciudades?
"Lo que más hemos recibido son informaciones de aprovechamiento de bandas delincuenciales sobre la vulnerabilidad de los desplazados. Por ejemplo, las mujeres que están en esta condición son explotadas y las convierten en mercancía sexual. Los menores de edad son otra población expuesta a la victimización e incorporación a bandas delincuenciales".
¿Cuál es la responsabilidad del Estado para el retorno?
"Toda está a cargo del Estado. Debe crear condiciones para que puedan incorporarse a un nuevo modo de vida y desarrollen proyectos productivos. Organizaciones de la sociedad civil y el Estado están pensando en replantear la política en esa materia, porque ha demostrado ser ineficaz".
¿Cómo está el tema de restitución de tierras?
"La Corte ha resaltado el problema del despojo, la poca restitución de terrenos, el apoderamiento ilegítimo de éstos y la intimidación por parte de actores armados en caso de que se restituyan las tierras".
De 1 a 5, ¿cómo califica el avance de la política de los desplazados después de la sentencia?
"No hemos llegado ni siquiera a tres".