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La relación del gobierno Uribe con la bancada que sesiona desde los patios de las cárceles se ha convertido en una obsesión nacional. Los críticos radicales hablan de la ilegitimidad de un régimen que necesita llamar al Inpec para juntar sus mayorías. Alegan que nadie que haya memorizado una definición elemental de democracia podría entender el orgullo soberano del presidente ni el embeleso del 84% de los encuestados. Recurren entonces a las patologías sociológicas como única explicación posible. Otros, más amigos del panfleto y el efectismo macabro que de las definiciones de la ciencia política, dicen que Uribe ha instaurado un Estado criminal y que su tribuna proselitista se basó en la intimidación paramilitar. Desde ese ángulo ya no sólo se cuestiona al inquilino de la Casa de Nariño sino a la democracia en su conjunto.
No hay duda de que el Gobierno ha sido pragmático hasta el cinismo al seguir usando unas mayorías viciadas. "Que voten mientras no estén en la cárcel" es una sentencia digna de los especuladores políticos de más dudosa calaña. Por esa vía es lógico que los proyectos de ley aprobados por el Congreso actual con impulso del ministro del Interior sean tildados de espurios. Ni siquiera los intentos de asepsia de una comisión de notables pueden devolverles credibilidad a las decisiones de Senado y Cámara. El ausentismo parlamentario se ha convertido en la más sensata de las actuaciones.
Sin embargo creo que el Presidente y su séquito pueden defenderse con cierta solvencia de las acusaciones más enconadas. Muchos de los congresistas enredados con la logística paramilitar hicieron sus contactos y sus pactos antes de la llegada de Uribe al poder. Digamos que el Gobierno es culpable de haber escogido mal a sus socios en la política regional, haber desconocido antecedentes oscuros y tener unos filtros tan laxos que permitieron a La Gata servir de mascota de campaña. Sin embargo, nadie podrá decir que Uribe les debe sus votos a los congresistas encartados. Ellos simplemente ponían la tarima.
Pero hay un tema en el que la defensa del Gobierno resulta más complicada. Cada mes aparece una noticia nueva sobre la lógica siniestra que rigió al DAS durante los primeros años de la administración Uribe. El ex-director Jorge Noguera está libre por simple desidia del fiscal y las pruebas que lo vinculan a una especie de franquicia paramilitar en algunas regionales del DAS siguen intactas. Ahora el ex-subdirector, José Miguel Narváez, quien tuvo diferencias con Noguera y parecía haber servido de obstáculo en el intercambio de información entre paras e investigadores oficiales, ha terminado como sospechoso de haber pertenecido a la comisión de notables de Carlos Castaño, algo así como una junta consultiva de ejecuciones. La denuncia la ha hecho Jorge Iván Laverde, alias El Iguano, un memorioso que reconoce haber matado a 2.000 personas y que justifica sus revelaciones con una frase digna de confesionario: "Estoy convencido de que diciendo la verdad todo queda en el pasado".
Que el Gobierno haya nombrado a dos hombres en mora de desvirtuar su fama de peligrosos es, según creo, mucho más grave que su alianza electoral con algunos congresistas acostumbrados a todas las formas de hacer política. Prefiero la vista gorda de un Representante a la Cámara al ojo de cazador de los detectives del Estado. Las posibles condenas sobre Noguera y Narváez pueden convertir en temible al gobierno Uribe. Una palabra peor y más sencilla que ilegítimo.