La protesta cibernética está servida. Ayer, en un conteo regresivo, la página de Wikipedia en inglés avisó sobre un apagón digital, el cierre temporal de su servicio en inglés hoy, durante 24 horas, como una manera de sentar su posición frente a la controvertida ley para Detener la Piratería en Internet (Sopa, por sus siglas en inglés). No será el único. Google no interrumpirá su servicio pero desde ayer se conoció que incluiría un vínculo con sus objeciones.
La votación del proyecto estaba prevista para este 24 de febrero, pero fue aplazada por falta de consenso en la Cámara de Representantes de Estados Unidos.
En resumen, la ley, de hacerse efectiva, obligaría a los motores de búsqueda, proveedores de dominio y empresas de publicidad en E.U. a bloquear los servicios de cualquier página web que esté siendo investigada por el Departamento de Justicia de ese país por publicar material que viole los derechos de autor.
¿En qué nos afecta?
¿Por qué una ley cuya jurisdicción es E.U. podría tener alcance global?
El docente en la UPB e investigador en telecomunicaciones, Roberto Hincapié explica que el impacto se basa en la infraestructura de internet, compuesta de puntos de intercambio (cada uno tal como si fuera un gran aeropuerto), desde donde se redirecciona el tráfico web. Son alrededor de 300, la mayoría en E.U.
Bajo el principio de neutralidad que rige la www, en estos grandes centros lo importante es el tránsito pero no se interviene en el contenido. Desde el punto de vista técnico, hacerlo podría "desestabilizar internet", lo que se traduciría en enlaces lentos o se podría descartar asuntos que no se debería.
Al aplicar estos "filtros" no sería fácil predecir lo que puede pasar por estos centros y lo que no, agrega el investigador.
Más grave aún, "los ISP (proveedores de servicio de internet), serán juez y parte, pues no solo deben prestar el servicio de conexión a internet, sino también ser vigilantes y sancionar con la eliminación del dominio desde la sola sospecha de archivos ilegales y descargas piratas", indicó la abogada Ana María Mesa, investigadora en derecho informático.
Servicios como Google, por ejemplo, tendrían que cumplir con las peticiones del Departamento de Justicia para evitar que sean ellos mismos los afectados por la regulación.
La vocera de Google, Samantha Smith, dijo a Bloomberg que el año pasado, reportaron 5 millones de páginas infractoras, y que han invertido más de 60 millones de dólares en la lucha contra avisos ilegales (remover enlaces y bloquear avisos sería una obligación con la ley). La libertad de expresión, esa tan preciada en el mundo web, quedaría a su vez en entredicho.
Tal como dice Santiago Villegas, coordinador de Comunidades Digitales en Eafit, con la "demostración pacífica pero contundente" que inicia Wikipedia y que otros podrían seguir, se reafirma la premisa de que "una sociedad del conocimiento no es posible sin información abierta, libre y disponible para todos".
Un ideal que trasciende al legislador y que le importa cada vez más a los ciberciudadanos.
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