La principal preocupación del presidente Uribe es el futuro de la lucha frontal contra las Farc. De ahí surge su convencimiento de la necesidad de la reelección.
Debe sentir el temor de que no habrá nadie con la persistencia y el carácter para enfrentarse incluso a la comunidad internacional en la continuidad de la política de Seguridad Democrática, la que en ocasiones cae también en la misma trampa de quienes creen que puede haber salida política con un grupo criminal de tales características.
Sus dudas deben aumentar cuando aparecen movimientos y personalidades con la intención de vender a este grupo como insurgente; o lo tratan de revivir como un grupo con el que la sociedad colombiana puede tener interlocución política.
Y si bien las propuestas de diálogo político son muy gaseosas, en el fondo lo que algunos buscan es terminar en una asamblea constituyente o cosas por el estilo con "Jojoy", "Cano" y demás "intelectuales e ideólogos" de la mencionada agrupación.
Pensará el Presidente que si la sociedad no negoció modelo de Estado con esta organización cuando tuvieron en frente a un gobierno como el de Pastrana, menos ahora que se encuentra totalmente arrinconada. Negociación que entre otras cosas sería indignante y humillante.
Pero la alternativa de otra reelección es errada, ya que sin ella de todas maneras hay opciones distintas para la continuidad de la Seguridad Democrática sin posibilidad de desvirtuarse y porque adicionalmente tal figura crea inconvenientes graves para la coyuntura especial del país.
No sólo desinstitucionaliza el Estado, sino que rompe la unidad filosófica en varias agrupaciones políticas que la han apoyado e impone la eventual creación de una serie de coaliciones absurdas o ilógicas entre personas y grupos políticos distantes ideológicamente, como sería el caso de las del ex presidente Gaviria o Rafael Pardo, con sectores del Polo que no han sido capaces de desligarse de las Farc.
Curiosamente la segunda reelección terminaría perjudicando al mismo Presidente que mayor popularidad ha logrado, ya que en caso de superar todos los obstáculos el trámite del referendo, de pronto ese mismo presidente tan aclamado no lograría sacar los votos necesarios y en el registro de su gestión se finalizaría con la nota de derrota en su última contienda electoral.
El verdadero referendo debe estar dirigido a que la sociedad defina hasta dónde se encuentra dispuesta a llegar en procesos con grupos criminales. En desarrollo del artículo 378 de la C. N. el pueblo debe determinar si excluye cualquier posibilidad de constituyentes y negociación de modelos de Estado o si está dispuesta a someterse a un cogobierno con los mayores secuestradores del mundo.
En lugar de meternos en proyectos caudillistas, definamos si las principales normas de la Seguridad Democrática se convierten en políticas de Estado con rango constitucional.
Así lograríamos diferenciarnos de Ecuador y Venezuela y definiríamos la continuación de una política de seguridad sólida y coherente, excluyendo a su vez la posibilidad de negociar el futuro y la dignidad nacional con Chávez y sus muchachos.
Tal posibilidad no significa que no existan alternativas distintas a la militar. Para eso está la ley de justicia y paz: permite verdad, justicia y reparación. Y las debilidades que señalan sus críticos pueden ser corregidas, para garantizar más severidad frente a los mal llamados grupos guerrilleros, para tranquilidad de las ONG.
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