¿Por qué los mismos que ensalzaron al Procurador por el concepto que llevó a la Comisión de Televisión a suspender el proceso del tercer canal ahora lo acusan de uribista recalcitrante y de estar vendido? ¿Por qué sostenían que su posición en el tercer canal era vinculante y ahora frente al referendo dicen que es apenas opinión deleznable y no tiene valor jurídico alguno? ¿Por qué asumen que si la Corte Constitucional hunde el referendo es salvadora de la democracia, pero si le da su visto bueno es porque estaba comprada por el Ejecutivo?
Advierto que no estuve de acuerdo con el concepto del Procurador en el tercer canal (no hay fundamento para sostener que una licitación en la que se presenta un único proponente sea contraria al orden jurídico). Tampoco lo estoy con su opinión sobre el referendo (por un lado, incluso el pueblo y las asambleas constituyentes tienen límites para sus decisiones. La soberanía popular encuentra su frontera en los derechos y libertades humanas. Por el otro, la violación de los mecanismos de financiación de campañas debe tener sanciones que trasciendan las responsabilidades individuales). Pero indigna ver el descarado doble estándar con que se le juzga y se evalúan sus actuaciones. Si convienen a los intereses de los opinadores, las posiciones de la Procuraduría son dignas de elogio y el Procurador un héroe. Pero si no les gustan, el Procurador es un "godo reaccionario y camandulero" y sus opiniones son una "vergüenza".
Lo cierto es que el Procurador fue elegido por votación abrumadora de congresistas de todos los partidos (Liberal y Polo incluidos) y su ideología era entonces conocida. El Procurador sólo ha sido consecuente con su trayectoria, algo que, de entrada, merece respeto en un país de insulsos y tránsfugas. Y aunque en ocasiones no se esté de acuerdo con él (he dicho que no lo estoy en dos temas fundamentales), hay que reconocer que sus opiniones son razonables y jurídicamente sustentadas. No es posible decir, además, que el Procurador le hace el juego al Presidente. Unas veces, como en el referendo, lo benefician. Pero en otras, como en el tercer canal, va en contravía del Gobierno.
Lo que debe hacerse frente al Procurador es debatir sus argumentos y sus posiciones, incluso con vehemencia, pero no desacreditarlo a él como persona o jurista. El debate de ideas es lo propio de las democracias. No lo son el insulto y la descalificación personal y a priori.
Lo mismo, por cierto, es necesario con la Corte Constitucional. Con el añadido de que debería haber un consenso mínimo, social y político, en aceptar lo que la Corte tenga para decir sobre el referendo, sea cual sea su posición final y sea cual sea el margen de los ganadores. Preservar la legitimidad de la Corte es tan importante, en mi opinión, como su opinión sobre el referendo y sus resultados políticos. Sería fatal en términos de la institucionalidad democrática si como resultado de la búsqueda de la segunda reelección, además, nos llevamos entre las patas al árbitro constitucional.
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