Mientras se dirime en el Congreso el conflicto de interpretaciones entre el Gobierno y la Contraloría sobre el tamaño del presupuesto para las universidades públicas, es preciso aceptar la razonabilidad de la posición de los rectores. El servicio público de la educación superior no puede debilitarse. Una probable desfinanciación progresiva de las instituciones universitarias causaría retrocesos fatales en materias de calidad, cobertura y capacidad de competir en el ranquin continental y mundial.
Los rectores han reclamado una adición de 150.000 millones que ajustaría el presupuesto. El Gobierno hace objeciones: Los recursos públicos para la educación superior no deben concentrarse en diez de las treinta universidades. Deberían beneficiarse las de las regiones, aunque se necesitaría un milagro como el de la repartición de los panes y los peces para asegurarles a todas un trato equitativo: Ni las más grandes y acreditadas tienen por qué rebajar las metas que han alcanzado, ni las más modestas deben frenar su proceso de mejoramiento.
Que la educación superior de carácter oficial hay que fortalecerla, es una verdad que nadie sensato desconoce (eso sí, con responsabilidad social y sin dilapidar el presupuesto en burocracias ineficientes), así como sería un disparate sugerir siquiera el detrimento de las universidades privadas, cuya aportación en buena parte ha sido definitiva, pese a que también suelen afrontar serias dificultades financieras. Las universidades públicas siguen en crecimiento. Entre unas y otras acogen por mitades a más o menos 1.500.000 estudiantes. La proporción ha cambiado, porque al comenzar el milenio las públicas apenas recibían un 33% de los alumnos. Las solas estadísticas (pueden consultarse, por ejemplo, en www.universidad.edu.co) contradicen la idea que ha venido agitándose sobre una tendencia a la privatización de la educación superior. Esto sólo tiene sentido para propagandistas políticos sesgados.
Lo extraño y desconcertante está en que sucedan episodios como el del viernes en la Universidad Nacional. Es inconcebible que a un Rector como el profesor Wassermann, que ha liderado la reclamación de apoyo a las universidades públicas, un grupo de individuos exaltados lo haya privado de su libertad y sometido a vejámenes y agravios durante seis horas. Es el colmo. Ni siquiera en el caso hipotético (y absurdo) en que abogara por la reducción del presupuesto y opinara en contra de los intereses universitarios podría justificarse un acto de violencia, intolerancia, dogmatismo sectario e irrespeto como el que se ha perpetrado.
En no pocas universidades, públicas y privadas, la ética mínima y las normas elementales de convivencia civilizada son asuntos exóticos para algunos ciudadanos, nostálgicos de la década estéril de los setentas, que no aceptan que las minorías también tienen deberes y no tienen por qué imponerles a las mayorías sus patrones excéntricos de comportamiento. Están en el campus equivocado.
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