Ningún colegio está en riesgo
Felipe Gil Barrera
Secretario de Educación de Medellín
El proyecto sobre los llamados colegios de calidad es estratégico, de largo plazo, que busca brindar ambientes adecuados de aprendizaje a los estudiantes de Medellín y transformar la infraestructura educativa pública de la ciudad y generar espacios dignos donde se pueda garantizar una educación de calidad y no simplemente espacios físicos bonitos.
Este tema hay que abordarlo desde un amplio contexto de dónde estábamos, qué hay hoy y para dónde vamos. No hay que hacer grandes esfuerzos para demostrar que la transformación urbana y social de Medellín es proporcional a la inversión que se ha hecho en instalaciones y en la calidad de los docentes. Medellín tenía hace pocos años una infraestructura educativa obsoleta, peligrosa e insuficiente frente a las necesidades de los estudiantes.
Hemos entregado 75 colegios, 18 grandes nuevos colegios, con ampliaciones mayores y menores y casi 197 mantenimientos en las infraestructuras de la ciudad. Todo este proceso ha sido continuo y hay varias zonas de la ciudad que se preparan para recibir más colegios de calidad. Se han invertido no menos de 100 mil millones de pesos, sin contar los recursos cuantiosos que se están destinando a la construcción de jardines infantiles.
Frente a la magnitud de las obras, claro que se han presentado inconvenientes en algunos planteles, pero a todos se les ha hecho un seguimiento riguroso y continuo que hace la Empresa de Desarrollo Urbano, EDU, y a todos los constructores y arquitectos que trabajan en esos colegios de calidad se les exige cumplir con los términos fijados en los contratos. A la fecha, sin que la Alcaldía haya tenido que sacar un solo peso de sus arcas, las pólizas de cumplimiento ascienden a no menos de 1.000 millones de pesos y puedo asegurar que no hay un solo colegio de la ciudad que tenga problemas de estructura y represente un riesgo para los estudiantes, como se ha querido presentar en algunos escenarios y medios de comunicación.
La EDU tiene un dossier completo de cada institución y allí es posible verificar el estado actual de cada colegio, sus necesidades y el cronograma de actividades de mantenimiento acordado con los constructores.
Existe, además, un componente cultural que no se ha tenido en cuenta y es que en varios planteles de Medellín ha habido vandalismo y saqueos. Tenemos casos en los que algunos estudiantes han convertido en columpios las puertas de los auditorios y hasta personas que se llevaron los grifos de los baños. Ese vandalismo no puede ser interpretado como mala calidad de los materiales o incumplimientos por parte del contratista.
Medellín tiene hoy un gran diagnóstico en materia de infraestructura educativa, de necesidades en la planta docente y de los retos que se deben enfrentar para seguir en la senda de tener una educación con calidad. En la ciudad, en los últimos años, no menos de 70 mil niños y jóvenes han encontrado un cupo escolar.
La educación ha sido parte fundamental dentro del plan integral de intervención urbanística y social de la ciudad. Ha sido una tarea acompañada por el sector privado, las universidades y la ciudadanía.
Hay que revisar las interventorías
Bernardo A. Guerra Hoyos
Concejal de Medellín
No sólo en el tema de educación, sino en el de obras físicas y de infraestructura, el análisis de los costos de las obras y la integridad que ellas ofrecen a quienes las usan, son una constante preocupación de la ciudadanía, y del propio Concejo como representante de sus intereses.
La transformación urbana de la ciudad no puede estar por encima de los derechos fundamentales de la gente y la educación debe ser vista integralmente y como un rubro de inversión, que muchas veces obedece a criterios de menores costos y más ahorros.
Es un clamor permanente de las comunidades la seriedad que debe haber en las interventorías de esas obras, pues no pueden seguir existiendo contratistas de bolsillo de los interventores, y viceversa, porque terminan validándose situaciones anómalas que ponen en riesgo la vida y la integridad de las personas.
Hay consenso entre el Concejo y la Administración de Medellín en que el tema de calidad no es exclusivo de la infraestructura física de los colegios, sino de la preparación e idoneidad de los profesores. El problema no es de cupos, aunque son importante, sino de qué tipo de personas son las que educan a nuestros hijos. Medellín, la más educada, no es un eslogan, sino un contrato con la gente.
Hace poco más de un año, el Concejo creó una comisión accidental para estudiar los problemas que se venían presentando en algunos llamados colegios de calidad y las conclusiones fueron claras:
Los controles hechos por la Personería y la Contraloría fueron satisfactorios por cuanto la administración ha intervenido con diligencia en los casos en que se comprobaron errores de los contratistas.
Los tiempos fijados en los cronogramas de ejecución y entrega de obras deberían ser ajustados por la EDU y los contratistas, así como hacer ajustes en los diseños de colegios abiertos y buscar unos cerramientos perimetrales que brinden mayor seguridad.
El Plan de Desarrollo prevé una inversión de 141.000 millones de pesos para colegios de calidad en el cuatrienio y es necesario revisarlo.
Nuestra preocupación ha estado centrada en tres colegios de la ciudad: La Independencia, en el 20 de Julio; Débora Arango, en Belén Altavista, y Presbítero Antonio José Bernal, en Plaza de Flores.
En relación con las advertencias sobre el mal estado de algunas instalaciones educativas, hay que reconocer que el secretario de Educación, Felipe Gil, es una persona seria, que da la cara y transmite confianza y, en consecuencia, creemos que cuando dice que no hay colegios de calidad que amenacen la integridad y la vida de los estudiantes, es así.
Lo que sí hemos recomendado a la EDU y a los contratistas es que para los próximos estudios de suelos, éstos se realicen con mucha precisión y detenimiento, de tal manera que desde el inicio permitan mostrar las falencias del terreno, con el fin de ahorrar en muchos casos hasta un 30 o 40% en costos. No es posible que se vuelvan a presentar hechos como los ocurridos en la comuna nororiental, donde la intervención de un talud costó cerca de 7.000 millones de pesos y el colegio nuevo, 6.000 millones.
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