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Las Farc continúan sembrando de minas el campo colombiano, pero en los cínicos objetivos de negociación de la agenda de La Habana no existe la más mínima mención a la enorme labor de desminado o la atención a las miles de víctimas.
En 2011, 538 personas fueron víctimas de minas antipersonal en Colombia. Somos los terceros en el mundo, después de Afganistán y Pakistán.
Colombia tiene, según el "Monitor de minas terrestres y munición de racimo", entre 10 y 100 kilómetros cuadrados de su territorio sembrado de minas antipersonal.
Las Farc son el principal grupo armado en la utilización de estos instrumentos y de artefactos explosivos improvisados. De hecho, su informe anual de 2012 los llama "el grupo rebelde más prolífico en el uso de minas antipersonal en el mundo".
El extensivo uso de parte de las Farc de minas antipersonal nos ha clasificado en el club de países con más de cinco mil víctimas; de nuevo, compartimos podio con Afganistán, Irán y Somalia. Las cicatrices de esta silenciosa y en ocasiones ignorada tragedia, serán muy difíciles de sanar; sobre todo con unos victimarios que ante las acusaciones solo se encogen de hombros.
Pero el tamaño de este problema parece no haber sido suficiente para el Gobierno Nacional; en efecto, la atención a las víctimas y el desminado no se incluyeron en los temas a discutir dentro de la agenda de negociación de La Habana.
En este sentido, el pasado siete de febrero el Secretario de Gobierno de Antioquia, Santiago Londoño, hizo un llamado al Gobierno y a las Farc para que discutan el tema, dada la crítica situación del Departamento, en donde 98 de los 125 municipios tienen presencia de minas antipersonal.
En efecto, según el funcionario, Antioquia aporta el 22 % de las víctimas del país, pues desde 1990, unos 2.263 antioqueños han sido heridos o muertos por estos artefactos.
Al utilizar con tan criminal intensidad un artilugio de muerte tan injusto e indiscriminado como las minas antipersonal, las Farc han adquirido una enorme deuda con el país, una que solo en una ínfima pero importante parte pueden pagar si ayudan a las labores de desminado. Si nos señalan los campos de muerte que ellos mismos sembraron. Sería apenas sensato esperar que el Gobierno, en alguno de sus intervalos de coraje, exija esto como parte de los acuerdos finales del agridulce proceso de La Habana.
@santiagosilvaj