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El título de esta columna coincide con el del punto 3 del "Acuerdo general para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera", firmado entre el Gobierno y las Farc. Ello, porque me parece que el involucrar directamente a los militares de alto rango y en servicio activo en las conversaciones, señala una aproximación a espacios superiores, donde se ha de definir el futuro cercano de la Nación.
El punto 3 del Acuerdo contempla aspectos que tienen relación directa con la esencia misional de las Fuerzas Militares, aunque bien señala el documento que el proceso que se convenga, solo iniciará su implementación con la firma del acuerdo final.
Allí se habla del cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitiva; de la dejación de las armas y reincorporación de las Farc a la vida civil; de la justicia transicional; de la lucha contra la corrupción y la impunidad; de los ajustes a las instituciones y de las garantías de seguridad.
En mi sentir, son todos ellos aspectos de competencia directa de la institución castrense y por ello resulta esencial estar presentes para asesorar técnicamente a los representantes del Gobierno, y dado el caso, impedir que ella sea negociada.
Todo indica que se ha llegado al importante momento que técnicamente se conoce como la discusión sobre el Desarme, la Desmovilización, la Reinserción y la Reintegración, (DDRR). Afortunadamente, el mundo ha acumulado un sinnúmero de experiencias sobre la materia y ha construido metodologías que permiten presumir buenas posibilidades de éxito.
Desde hace diez años las Naciones Unidas han venido construyendo un conjunto de políticas, directrices y procedimientos que se constituyen en brújula para quienes se comprometan en tales actividades, dentro de un consenso político y académico, que a la vez conlleva repercusiones en lo militar, lo humanitario, lo socioeconómico y lo geopolítico.
El esquema permitiría visualizar el siguiente escenario, planteado dentro de las restricciones de tamaño para esta columna: La asesoría de militares activos como contribución esencial en la discusión sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar para la dejación de las armas y la posterior coyuntura para la entrega, la cual podría ser paralela a la desmovilización, entendida como la concentración de los subversivos en áreas geográficas de condiciones especiales o cantones, sin armas y con libre tránsito dentro de ellas, pero con salida restringida, sujeta a la autorización de autoridad competente para el efecto, normalmente de carácter internacional.
Ello facilitaría la reinserción, como etapa transitoria para reconstruir los núcleos familiares de la subversión y cubrir sus necesidades básicas de alojamiento, alimentación, vestuario, sanidad, trabajo y educación, en un entorno propicio para el inicio del desarme de los espíritus y la rehabilitación, con estrictas medidas de control.
Como consecuencia esperable, vendría la reintegración a la sociedad. Los subversivos adquirirán estatus civil y el Gobierno, en alianza con la empresa privada, generaría las condiciones para el empleo estable y las posibilidades de una vida digna, como un compromiso de carácter nacional.
Hoy viaja a La Habana un grupo de miembros de la Fuerza Pública, con la misión de enriquecer los argumentos de la institucionalidad hacia la reconciliación y la paz. La sociedad colombiana debe comprender y reconocer el gran esfuerzo que para los militares, el diálogo con el adversario representa, a la vez que los altos ideales que lo motivan. Un proceso de DDRR exitoso acrecentaría la posibilidad de ver luz al final del túnel.