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La Corte Suprema de Justicia, ahora sí, cumplió con el deber que la Constitución le manda: elegir Fiscal General de la Nación, de terna enviada por el Presidente de la República.
No ejerció esta vez un anómalo "poder de veto", que se autoconcedió hace dos años al considerar "inviables" las ternas que le remitía el entonces Jefe de Estado, Álvaro Uribe.
La terna que en esta ocasión conformó el Presidente Juan Manuel Santos, llevaba el nombre de un experto penalista, reputado litigante y servidor público que cumplía todos los requisitos para el cargo, uno de los de mayor poder y responsabilidad en Colombia.
Eduardo Montealegre era, por esas razones, el más indicado para ser elegido. Como lo tituló este periódico ayer, la Corte, con su elección, parece haber recuperado la sensatez.
Esperamos que sea de forma duradera, y no sólo para las funciones electorales de dicha Corte.
Montealegre ha sido, además de funcionario público (viceprocurador, magistrado y presidente de la Corte Constitucional), un destacado abogado litigante.
En su área, el derecho penal, ha defendido los intereses de personas y compañías que tienen expedientes ante la Justicia.
Eso no puede extrañar a nadie. El deber de un abogado penalista es representar los derechos de sus clientes y asegurar una adecuada defensa técnica, dentro de los lineamientos de la ética profesional y de las normas procesales. Un buen abogado penalista coopera en la aplicación de la justicia.
Y salvo que haya reparos en cuanto a su ejercicio profesional como litigante, lo cual no ha ocurrido, no tiene mucho sentido sacar, gota a gota, los casos que él ha llevado desde su despacho particular. Despacho que habrá de quedar completamente desvinculado de su nueva responsabilidad.
Por otra parte, en sus primeras declaraciones el nuevo Fiscal dio pie a que, otra vez, se generen dudas sobre el período para el cual fue elegido.
Éste no debería ser un tema que contamine el inicio de su gestión. La Constitución, el Estatuto Orgánico de la Fiscalía y el concepto de la Sala de Consulta del Consejo de Estado coinciden: al ser institucional, el período del actual Fiscal termina el 31 de julio de 2013.
Así lo dice la ley, y a ello deberán sujetarse el nuevo Fiscal y el Gobierno, que no tiene una posición unificada: el Presidente dice una cosa, y su Ministro del Interior, otra.
Sería una lástima que un jurista de las calidades de Montealegre sólo pudiera estar tan corto tiempo. Sin posibilidades, además, de presentarlo en la próxima terna, porque al haber sido elegido Fiscal en propiedad, no puede ser reelegido, como sí lo puede ser el Procurador General.
El primer reto del doctor Montealegre es reducir la impunidad, una de las más altas del mundo. Y una democracia donde el delito no se sanciona, y muchas veces ni se investiga, no tiene posibilidades de desarrollarse.
El ciudadano que sufre las amenazas y daños de la delincuencia siente a diario la impotencia de saber que sus agresores no pagarán por sus crímenes. Desde la inicial gestión de presentar su denuncia, la gente ve de antemano cómo es de difícil el trámite de buscar justicia y reparación. Entonces, muchos desisten y terminan por dejar las cosas así.
Otros procesos, como los magnicidios contra líderes políticos, llevan años estancados, sin avances. Algunos de ellos han sido, de forma muy cuestionable, declarados crímenes de lesa humanidad, para así evitar la prescripción.
El doctor Montealegre tendrá que hacer los ajustes para que no todo lo que va camino de "lesa impunidad" se convierta en "lesa humanidad".
Invita al optimismo que el nuevo Fiscal, como miembro de la Comisión Asesora del Gobierno para la reforma al fuero militar, tenga claras las modificaciones que hay que introducir para superar el sesgo que lleva a criminalizar toda actividad de la Fuerza Pública.
La Ley de Justicia y Paz, que no arranca y, en paralelo, la Ley de Reparación de Víctimas, son otras dos colosales tareas pendientes.
La justicia transicional no puede seguir convirtiéndose en una talanquera para aplicar justicia. Una cosa es la rebaja de penas por colaboración efectiva. Y otra, la renuncia definitiva a aplicar la ley.
El Fiscal Montealegre tiene, en fin, decenas de obligaciones que no podrá asumir solo: Luchar contra la corrupción política, la justicia mediática, la politización de procesos, los criterios desiguales en las acusaciones y los acuerdos de colaboración.
Otras tareas son: Preparar y capacitar a los fiscales, optimizar la investigación criminalística, aplicar las últimas tecnologías y técnicas de policía judicial y perseguir los delitos contra el medio ambiente.
Es hora, pues, de que la Fiscalía arranque. Colombia necesita un ente de investigación que funcione, y una labor de acusación penal que se aplique con los más rigurosos criterios de justicia y respeto a los derecho humanos.
Quien queda, desde ahora, al frente de semejante responsabilidad necesitará de la colaboración de todos.