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A los fiscales de la ciudad no les gustó que el presidente Álvaro Uribe dijera: "Lo que me da tristeza es que fiscales de Medellín se hayan dejado corromper", en referencia al escándalo que involucra a Guillermo León Valencia Cossio, ex director Seccional de Fiscalías de Antioquia, con personas detenidas por sus relaciones con alias "don Mario".
Molestos, los miembros de Asonal Judicial, que agrupa a empleados, jueces y fiscales, decidieron instaurar una acción de tutela para exigir respeto a su buen nombre. Además, anunciaron que denunciarán penalmente al Presidente de la República por injuria y calumnia.
Luis Fernando Otálvaro, presidente de Asonal Judicial en Medellín, dijo que "tenemos que iniciar una acción, no sólo judicial para el buen nombre de los fiscales de Medellín, porque el Presidente con todas estas denuncias indeterminadas está atentando contra el estado de derecho, deslegitima uno de los poderes, manda a la picota a todos los fiscales de la ciudad".
Para Asonal Judicial, no es justo que Uribe sienta como una vergüenza a los fiscales de Medellín por los delitos que pudo haber cometido Guillermo León Valencia Cossio.
El mayor sinsabor, dicen, es que los juzguen "por una persona que venía de la política y no de la justicia, porque él (Valencia Cossio) fue concejal, diputado y cuando se quemó en su campaña a la Cámara de Representantes, Luis Camilo Osorio lo puso como Fiscal Delegado ante el Tribunal Superior de Medellín. No pueden generalizar", sostiene Otálvaro.
Según el presidente de Asonal Judicial, quien es fiscal en servicio, la labor investigativa en esta ciudad ha dado muchos resultados: "Las investigaciones que se han iniciado en el proceso de la parapolítica han salido de Medellín. Los fiscales de aquí iniciaron las investigaciones sobre lo que fue la financiación de los grupos paramilitares en Urabá. Después el proceso contra los directivos de la Chiquita Brands en los que se llamó a algunas personas a indagatoria, pero ese proceso se lo acaba de llevar Mario Iguarán para Bogotá", se defendió el funcionario.
Dudan de Valencia Cossio
Esta reasignación del proceso contra las comercializadoras de frutas Chiquita Brands, Unibán, Probán, DelMonte y Suninsa, cuyas investigaciones estaban siendo adelantadas por la Fiscalía 29, le plantea a los fiscales serias dudas.
Según un documento al que tuvo acceso EL COLOMBIANO, fue el mismo Valencia Cossio quien le solicitó al fiscal general Mario Iguarán que variara la asignación del proceso 1007839 (el de las bananeras), mediante oficio DSFM-1005802, del 19 de diciembre de 2007, justificando el traslado "por la calidad de las empresas y los funcionarios implicados".
El traslado se hizo, en efecto, el 12 de febrero de este año con una sorpresa para Valencia Cossio que, según los fiscales de Medellín, lo enojó: "De este proceso se había adelantado mucho en las investigaciones contra los directivos de la empresa de vigilancia privada Convivir Papagayo por lo que se había resuelto abrirle a este proceso una causa aparte. Esta causa se radicó con el número 1041768 el 8 de febrero, apenas cuatro días antes de que ordenaran su traslado a Bogotá", dicen las fuentes. Esa fue la sorpresa porque esa parte del proceso se quedó en Medellín.
Aquí aparece Liceth Maira Álvarez Anaya, quien hasta el 2005 era fiscal única especializada de Urabá. Luego fue trasladada, dicen los fiscales, por el propio Guillermo Valencia. Hasta el pasado 9 de enero, la fiscal Álvarez Anaya laboró como Coordinadora de Fiscalías Especializadas, de Medellín y Antioquia.
Dos meses después de haber salido de la rama judicial interpuso una acción de tutela contra la Fiscalía 29 porque no le dejó ver el expediente de la Convivir Papagayo que después pasó a llamarse Asociación de Servicios Especiales de Vigilancia y Seguridad Privada de Urabá.
Su abogado representante era Rubén Darío Muñoz Valencia, el mismo que representa a los directivos de esta empresa investigada por sus nexos con las Auc.
Ella le puso la queja a Valencia Cossio y el 1 de abril de 2008 él le envió una carta a la fiscal 29, Alicia Domínguez: "...le solicito informar la razón por la cual ese despacho ha venido negando el acceso al expediente con radicado 1041768, a la abogada Liceth Maira Álvarez Anaya, quien funge como defensora dentro de la investigación; circunstancia que se conoce tras queja verbal presentada por la misma profesional", dice.
La Fiscal 29 le respondió que no era cierto que Álvarez Anaya estuviera legitimada para actuar como defensora de los implicados en el proceso mencionado. Esa personería jurídica no se le había reconocido porque como fiscal en Urabá ella había recibido algunos testimonios de los investigados y, porque siendo coordinadora de Fiscalías Especializadas, había tenido acceso a información privilegiada del mismo expediente.
Algunos fiscales se preguntan cuál es el interés de Guillermo Valencia Cossio para que Álvarez Anaya esté relacionada con el proceso de la Convivir Papagayo.
EL COLOMBIANO quiso saber la versión del ex fiscal pero dijo que "no vamos a dar ninguna otra información sino ante nuestro juez natural que son los fiscales delegados ante la Corte y esa es una instrucción del abogado contractual que yo seguiré al pie de la letra".