"Los cargos contra Alberto Fujimori están probados más allá de toda duda razonable", dijo el presidente de la Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia de Perú, al dar a conocer el veredicto que condenó al ex Primer Mandatario a 25 años de prisión. Es un fallo histórico por la relevancia del personaje y su grave responsabilidad. Además, es la primera vez que un ex Presidente latinoamericano, elegido democráticamente, es llevado a juicio por un tribunal nacional por violaciones a los derechos humanos.
Fujimori fue encontrado culpable de homicidio calificado y asesinato con alevosía, lesiones graves y secuestro por las masacres de Barrios Altos y La Cantuta, y por los secuestros del empresario Samuel Dyer y del periodista Gustavo Gorriti.
Uno de los aspectos más trascendentales tenidos en cuenta fue que el grupo Colina sí fue un escuadrón de la muerte, integrado por agentes del Servicio de Inteligencia del Ejército, creado a instancias de Vladimiro Montesinos y con el apoyo directo de Fujimori, para realizar ejecuciones extrajudiciales. Este grupo fue el responsable de la muerte de 15 civiles que asistían a una recaudación de fondos en Barrios Altos, en el centro de Lima, hecho que además le originó al Estado peruano una condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
También se encontró culpable al grupo Colina del secuestro y posterior desaparición de nueve estudiantes y un profesor de la Universidad Nacional Enrique Guzmán, llamada La Cantuta. Los miembros de Colina ingresaron a la fuerza a las residencias estudiantiles el 18 de julio de 1992. Torturaron a las víctimas, las asesinaron y enterraron en fosas clandestinas.
Con sobrada razón, la Corte Suprema de Perú señaló estos delitos como crímenes de Estado y contra la humanidad, que se caracterizaron por el agravante de un trato cruel. Encontró una gran responsabilidad en el Estado peruano por cuanto "no existió una voluntad institucional de esclarecimiento sobre los crímenes de violación de los derechos humanos, la respuesta fue obstaculizadora y de negar los hechos", se expresó en el fallo.
La trascendental sentencia no deja duda alguna sobre la directa responsabilidad del ex Presidente. El Alto Tribunal le atribuyó la autoría mediata, ya que los crímenes de lesa humanidad no se habrían podido cometer "sin el apoyo del Jefe de Estado". Sin embargo, Fujimori anunció que interpondrá un "recurso de nulidad", alegando en su defensa que no existe evidencia formal de directivas aprobadas por él, para aplicar métodos de guerra sucia.
Actitud que era de esperarse, teniendo en cuenta su comportamiento. Basta recordar cómo aprovechó la cumbre del Foro Asia Pacífico, en noviembre de 2000, para refugiarse en Japón y mandar por fax su carta de renuncia a la Presidencia, tras el derrumbe de su gobierno por el escándalo de corrupción con su ex asesor Montesinos. En 2005 se refugió en Chile y en 2007 fue extraditado a Perú, gracias a que la Corte Suprema chilena lo consideró pertinente. Es el primer jefe de Estado latinoamericano extraditado.
Pese a la popularidad alcanzada por la estabilidad económica que logró Perú en su mandato; por la captura del líder de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, en 1992; y por el rescate de 71 rehenes secuestrados por el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru, en 1997, Fujimori no pudo desvirtuar su responsabilidad en las terribles violaciones a los derechos humanos. Se comprueba una vez más que por encima de toda consideración y dignidad, se impone siempre el respeto por la vida.
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