El Ministerio del Interior y Justicia respondió que la extradición de Salvatore Mancuso a Estados Unidos nunca se anuló y estaba sujeta a condiciones del proceso de diálogo, negociación y firma de acuerdos con las autodefensas, las cuales "no se venían cumpliendo en su totalidad, por lo que se procedió a la entrega" del ex jefe paramilitar.
No obstante, el Gobierno precisó que para dicha extradición no adujo la comisión de delitos por parte de Salvatore Mancuso, lo cual debía comprobarse y condenarse en juicio ante las autoridades respectivas.
"La decisión no fue el resultado de una evaluación de responsabilidad penal del requerido, asunto de competencia privativa de las autoridades judiciales (...) El Gobierno Nacional no justificó su decisión en el hecho de que Salvatore Mancuso estuviere delinquiendo desde la cárcel".
Según comunicación del Mininterior enviada a este diario, la decisión de la entrega se dio en uso de la discrecionalidad que tiene el Presidente de la República, por disposición legal, para valorar situaciones y obrar "según las conveniencias nacionales" lo que no significa, según el Ejecutivo, vulnerar los principios de confianza legítima, buena fe y seguridad jurídica, como lo alega Salvatore Mancuso.
Cabe recordar que en septiembre de 2002 el gobierno de E.U. solicitó la detención de Mancuso con fines de extradición, para comparecer "por delitos federales de narcóticos", ante una corte del distrito de Columbia.
Esa solicitud fue formalizada por la Embajada de Estados Unidos en abril de 2004 y fue considerada "favorable" por la Corte Suprema de Justicia en noviembre de 2004, porque cumplió los requisitos y exigencias de ley.
Pero aunque desde septiembre de 2003 la Fiscalía de Colombia decretó la captura con fines de extradición de Salvatore Mancuso, el Gobierno subordinó esa extradición, en diciembre de 2004, a los resultados del proceso de diálogo, negociación y acuerdos con las autodefensas.
Esa subordinación, que no le significaba a Mancuso "un derecho adquirido a la no extradición", dependía de tres condiciones: que Mancuso cumpliera los compromisos adquiridos en el proceso de paz con las Auc, que abandonara las actividades ilícitas y que contribuyera a la participación de los miembros de las Auc en el proceso de paz.
El 13 de mayo de 2008, en un operativo tan rápido como sorpresivo, el gobierno de Álvaro Uribe Vélez entregó a autoridades de E.U. a Salvatore Mancuso y a otros 13 ex jefes paramilitares para ser extraditados y juzgados en ese país por cargos de narcotráfico y lavado de activos.
Hace una semana el ministro del Interior y Justicia, Fabio Valencia Cossio, explicó que "hemos hablado de la posibilidad de que la justicia norteamericana conceda unos beneficios a los extraditados jefes de las autodefensas, para que así colaboren en Colombia con el proceso de Justicia y Paz".
El viceministro de Justicia y del Derecho, Miguel Ceballos, visitó Washington el 4 de mayo y planteó a las autoridades de E.U. revisar los mecanismos de cooperación judicial, con el ánimo de agilizar la comparecencia de los extraditados, que tendrían un Magistrado y un Fiscal de enlace que faciliten los procesos de los ex jefes "paras" dentro de la Ley de Justicia y Paz.
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