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Ejercicios "sistemáticos" de veeduría a la Política de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa, la realización de 20 talleres de divulgación en igual número de departamentos y la creación de un observatorio de monitoreo que permita hacerle seguimiento a esta política, son algunas de las medidas que el Gobierno emprenderá con el apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid).
El convenio fue firmado el viernes y si bien hace parte de acuerdos previos entre los dos gobiernos, se da en un momento en el que el Ejército es blanco de las críticas del presidente Álvaro Uribe.
Para el mandatario no cabe de duda de que algunos de los miembros del Ejército se aliaron con ilegales para presentar falsos positivos. Por eso llamó a retiro a 27 militares, entre ellos tres generales.
Y esas alianzas llevaron a que ayer, la nueva Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navanethem Pillay, recordara que la práctica de ejecuciones extrajudiciales es un crimen de guerra y un crimen de lesa humanidad, lo cual puede llevar a que, en caso de que la Fiscalía y los jueces colombianos no puedan o no sean capaces de juzgar a los responsables, la Corte Penal Internacional (CPI) vea estos casos en el futuro y obligue al Gobierno a entregarle a los responsables (ver nota anexa).
Pero, ¿qué se está haciendo de fondo para seguir esa política que fue presentada el año pasado con bombos y platillos por el Ministerio de Defensa?, ¿qué se hace para evitar desmanes, cuando según el fiscal Mario Iguarán, la directiva 029 de 2005 que rige el sistema de recompensas abre un boquete para que se den alianzas entre miembros de la Fuerza Pública e informantes?
Hay controles pero....
Frente a la política de recompensas, tanto el Presidente como el almirante David René Moreno, jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Militares, aseguraron que no hay operaciones a ciegas.
Sin embargo, analistas como la ex ministra de Defensa, Martha Lucía Ramírez; el director de la fundación Seguridad y Democracia, Alfredo Rangel; y el politólogo Juan Manuel Charry, creen que hay que fortalecer los mecanismos de verificación de la información obtenida por inteligencia.
A esto se suma la poca divulgación de la norma. Aunque las directivas presidenciales son documentos públicos difundidos a través de Internet, la directiva del Ministerio de Defensa, 029 de 2005, no.
Con ella, según el almirante Moreno, serían tres las directivas en este sentido que establecen "estrictos" controles: la primera dictada en 1998 y la última este año.
Y debería haber aunque fuera una breve referencia a ellas porque si bien tocan asuntos de seguridad nacional que están por encima de cualquier consideración, también implican la destinación de recursos públicos. Lo que toca con la transparencia administrativa.
Su gestor, el ex ministro de Defensa y actual embajador de Colombia ante la OEA, Camilo Ospina Bernal, señaló a varios medios de comunicación que con ella lo que se quiso establecer fue un marco jurídico a políticas que ya existían. "Las recompensas ante una amenaza terrorista se aplican en Colombia y en cualquier país".
El problema, aseguran los analistas, es el filtro a los informantes para evitar que se lleve a un falso positivo o que se creen redes de corrupción.
"Propició la corrupción al interior de las Fuerzas Militares, donde todavía hay muchos elementos oportunistas que están a la caza de estas situaciones para sacar provecho", advirtió Rangel.
Esta situación facilitó el "dispare primero e investigue después" porque todos salen ganando cuando se da el positivo: el militar que si bien no recibe dinero es objeto de un reconocimiento y el informante que reveló la ubicación de los presuntos delincuentes.
Se abrió un boquete
A esto se suma otra práctica que podría ser la unión entre informantes y Fuerza Pública: el primero recibe la recompensa por una información débilmente verificada y se reparte las ganancias con los uniformados.
Y es que la 029 establece incentivos de hasta 3,8 millones de pesos para las personas que brinden información que lleve a operaciones exitosas en las que caigan combatientes rasos, encargados de laboratorios de coca o jefes de bandas.
Si la persona tiene antecedentes penales, como ha sucedido en algunos casos de ejecuciones extrajudiciales, casi se da por descontada su pertenencia a un grupo ilegal, indicó Rangel.
Las Fuerzas Militares consideran lo contrario. Creen que la unidad de inteligencia que recibe al informante hace el primer filtro, pero hacen otros controles para establecer su credibilidad.
¿Pero qué pasa en casos como el de Soacha en el que se presume que mafias de reclutadores buscaron a los jóvenes, les ofrecieron empleo y los entregarlos a unidades militares que los presentaron como muertos en combate?
Según el almirante Moreno se cumplen cuatro etapas: Primero se recibe la información, se evalúa y se compara con información de otros organismos de seguridad antes de realizar la operación; luego se analiza lo que se hizo, cómo se hizo, dónde se hizo, quiénes participaron, y cuáles fueron los resultados.
En la tercera fase del procedimiento se analizan los documentos relacionados con cada una de las personas que tuvieron que ver con el caso, no sólo a nivel operacional. Cuando se cumplen estos requisitos se da el pago, el cual es objeto de revisión por la Contraloría General de la República.