Los ciudadanos del mundo que viajan a Estados Unidos con el sueño americano en su equipaje se están convirtiendo en un negocio "redondo" para las administraciones de los penales estadounidenses.
Una investigación del Centro para el Progreso Americano (organización no gubernamental y de análisis político en Washington), concluyó que las leyes antiinmigrantes en Estados Unidos, como la famosa 1070 de Arizona, tienen un objetivo oculto: que cientos de indocumentados ingresen a penales privados por las ganancias que estos le generan a la misma prisión.
La investigación expone presuntos nexos de la Corporación Correccional de América (CCA), empresa privada que administra 70 cárceles y centros de detención de migrantes en E.U., con personajes cercanos a la gobernadora de Arizona, Jan Brewer, y el senador Russell Pearce.
Los hallazgos, según el centro de estudios, llevan a cuestionar el interés real de ambos lados por criminalizar la migración. "La CCA es una corporación de prisiones privadas a la que le interesa este sistema que le permite tener más prisioneros, más inmigrantes indocumentados en sus prisiones, lo que leyes como la de Arizona permitiría", dice el documento.
Roger Pérez es una de las víctimas de este presunto abuso de autoridad.
Cuando arribó con su esposa a Kingston, Massachussets, en el año 2000, llegó como indocumentado y se enteró de que si colaboraba con las autoridades como informante de otros indocumentados, recibiría un indulto y le entregarían sus papeles de residencia.
Unos vecinos los contactaron con un par de agentes, quienes les ratificaron la información.
Pérez y su esposa comenzaron a trabajar para ellos. Después de dos años, Roger se atrevió a encarar a los agentes y a reclamarles sus papeles. Estos le respondieron que como no habían conseguido muchos resultados, a partir de ese momento debían atrapar dos terroristas por semana. Días después, cuando decidieron no asistir a una cita con los agentes, Roger y su esposa fueron arrestados.
"Me esposaron y los dos agentes actuaron como si jamás nos hubieran visto. Vi que tenían una lista con infinidad de nombres y escuché a uno de los agentes comentar que aún faltaba arrestar a unas 15 personas más para cumplir con la meta".
A Roger lo trasladaron a un penal administrado por la Corporación Correccional de América, que en 2010 obtuvo ganancias superiores a los 74 millones de dólares por las detenciones de inmigrantes.
Roger permaneció tres años allí, hasta que un abogado logró su libertad.
Ahora, desde México, Roger lidera una iniciativa que busca que varios países se unan para protestar contra ese "macabro negocio".
En diálogo con EL COLOMBIANO, John Ferguson, presidente de la CCA, señaló que "nosotros no encerramos criminales que delinquen en este país, simplemente administramos con calidad los penales donde están recluidos".
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