viernes
7 y 9
7 y 9
Esta semana Santos y Vargas Lleras insistieron en la reelección inmediata de alcaldes y gobernadores. Pudiera pensarse que su intención fue halagar a su auditorio, el Congreso Nacional de Autoridades Municipales. No fue sólo eso. Es verdad que el Presidente y su Ministro quieren impulsar la iniciativa, tantas veces hundida en el Congreso.
Varias razones alegan en beneficio del proyecto. Una, que el jefe de Estado "quiere honrar todos sus compromisos de campaña". Nadie puede estar en desacuerdo con que quiera poner en marcha lo prometido en campaña. Es un ejercicio de responsabilidad con el electorado que merece encomio. Pero que lo haya ofrecido el candidato no habla nada de la bondad de la propuesta. De manera que es indispensable examinar los otros motivos aducidos.
Vargas Lleras dice que "el Gobierno no quiere violar el principio de igualdad" y que si se aprobó la reelección presidencial deben aprobarse también las de los mandatarios departamentales y municipales. El argumento suena bien, pero es falaz: lo único igual en esas reelecciones sería la posibilidad misma de la reelección inmediata. Las circunstancias del debate político son diferentes en el plano nacional y en los locales. Y quizás más importante, los sistemas de control institucional y de opinión pública de la gestión de gobernadores y alcaldes tienen muy poco que ver con la ejercida al Presidente de la República.
De hecho, esas diferencias ameritan hundir la iniciativa. Empiezo por la última: las tareas presidenciales son fiscalizadas sin descanso e incluso con fiereza desde los medios de comunicación y se obliga a los mandatarios nacionales a responder una y otra vez ante la opinión pública sobre la naturaleza y alcance de sus actos. Las comunidades en los pequeños y medianos municipios están menos formadas y mucho menos informadas que en las grandes ciudades. En muchos no hay medios de comunicación, y cuando los hay su cobertura y poder son débiles, y, en consecuencia, no es posible hacer un adecuado control ciudadano de la gestión de las autoridades. Para rematar, en la mayoría de los municipios y en muchos de los departamentos las contralorías y personerías son un engranaje más de la maquinaria burocrática local y no cuentan ni con el personal, ni con las herramientas ni con la voluntad política para controlar eficazmente la gestión de los alcaldes. Bastaría mirar la situación de Bogotá, con personero sub júdice y contralor cuestionado, para entender la fragilidad vergonzosa de los sistemas municipales de control. Si en lo nacional no es fácil controlar los abusos de los recursos públicos, la burocracia y la contratación para buscar la reelección, puede imaginarse el festín incontrolable que sería la de los alcaldes y gobernadores.
Ahora, si en lo nacional hay enormes dificultades para combatir la presión y la infiltración de las mafias y grupos armados ilegales, en lo local los riesgos son mucho mayores. La posibilidad de defensa de un alcalde o un gobernador de un departamento pequeño frente a la amenaza, la coacción o la compra de voluntades por parte de los ilegales es muy poca. La historia lo demuestra.
Si no hubiera un número aun mayor de razones para desechar la infeliz iniciativa, y las hay, bastaría con las señaladas para sepultarla.