Los hechos que se conocieron esta semana con relación al Instituto Tecnológico Metropolitano (ITM) son muy delicados. La enfática revelación que de ellos hizo el Alcalde de Medellín, Alonso Salazar Jaramillo, es el síntoma de que algo no anda bien en la institución.
Por un lado, está la poca injerencia que tiene la Alcaldía de Medellín en las instancias decisorias del Instituto, pese a que representa el 70 por ciento de sus fuentes de financiación. Y de ahí se desprenden situaciones administrativas que hacen compleja incluso la elección de un rector en propiedad.
Por otro, las denuncias sobre una presunta red de prostitución, que supuestamente se manejaba desde su interior por parte de algunos directivos. Pese a que, en el pasado, el tema había sido denunciado por algunos estudiantes y profesores, el asunto no ha sido aclarado y resuelto de forma definitiva.
Tranquiliza que ante la solicitud del Alcalde Alonso Salazar Jaramillo, el Ministerio de Educación haya actuado con prontitud: el jueves llegó a la ciudad un equipo de la Subdirección de Inspección y Vigilancia de esa cartera, y la ministra María Fernanda Campo les pidió a la Procuraduría y a la Fiscalía General de la Nación, adelantar las investigaciones respectivas.
Nada resulta más calamitoso para el nombre y buen desempeño de una institución, que los rumores que puedan tejerse en torno a quienes la orientan se propalen sin comprobación ni sustento. Y también que quienes están llamados a preservar su prestigio no atinen a dar las explicaciones claras que despejen cualquier sombra de duda.
La honra de una institución es un patrimonio intangible que puede desmoronarse con más facilidad que los muros que le dan amable acogida, y que en este caso provienen de una generosa contribución de una fundación que pensó con fines muy altruistas en la educación de los jóvenes de Medellín y en asegurar para ellos los espacios que les permitan desplegar sus alas hacia un futuro mejor.
Lo que está sucediendo en el ITM es muy grave, pues no solo compromete el nombre del Instituto, sino el futuro de esos jóvenes que allí se forman, ya que puede provocar su estigmatización el día que terminen sus estudios y quieran ingresar al mundo laboral. Por eso exigimos que en torno a los asuntos que han sido objeto de denuncia pública se haga una claridad meridiana por parte de las instancias responsables: Personería de Medellín, Procuraduría General de la Nación y Ministerio de Educación Nacional.
Los dimes y diretes que hoy proliferan en torno al Instituto deben tener pronto final para permitir la actuación de los organismos de control, y de la propia Fiscalía, si es del caso. Y que sean estos organismos los que acojan las denuncias sustentadas, si las hay, para que se dé por terminado el escándalo suscitado.
Ojalá este capítulo se cierre pronto y el ITM destine sus recursos presupuestales, docentes y profesionales a buscar y mantener la excelencia académica, a promover la investigación, a alcanzar una alta figuración en las pruebas Ecaes y a consolidarse como el escenario educativo donde se formen profesionales éticos, conscientes de su responsabilidad social y orgullosos de su institución, que es lo que la ciudad está necesitando.
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