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La cifra de 514 mujeres asesinadas en los primeros seis meses de este año da vergüenza. Por lo menos escandalizaría a cualquiera, pero en Colombia se volvió "paisaje" la violencia de género.
Que cada día, en promedio, mueran violentamente dos mujeres, no sólo refleja la descomposición social que vive nuestra sociedad, sino la indolencia y la indiferencia frente a las inaceptables estadísticas de maltrato y violencia intrafamiliar.
En los últimos 10 años el país ha perdido por la violencia cerca de 16 mil mujeres, la mayoría entre los 22 y los 35 años, es decir, en una etapa trascendental de su desarrollo y madurez familiar.
Resultaría de gran valor que se pudiera establecer el número de hogares sin madres, el número de huérfanos y el costo económico que para una sociedad representa semejante cifra.
No en vano, los cerca de 16 mil casos reportados ante Medicina Legal en 180 días marcan de por sí una peligrosa tendencia en las agresiones contra las mujeres, en especial dentro de un rango de edad que ameritaría una reflexión mucho más allá de los fríos números. El rango de edad de las víctimas está entre los 20 y 34 años, y las agresiones, entre los 18 y 19 años.
En otras palabras, si es cierto, que lo es, que de la primera agresión física se pasa a nuevas agresiones y de estas al asesinato de las mujeres, la situación se hace más dramática y urgente de intervenir.
Y esa intervención no compromete únicamente al Estado, a su aparato de justicia, sino además de ellos, a la ciudadanía entera.
No es por falta de una legislación fuerte ni por penas menores que los maltratadores se siguen saliendo con la suya, sino por el miedo a la denuncia, en muchos casos; o por la impunidad, en tantos otros. No deja de ser también vergonzoso que de 10 casos denunciados por maltrato intrafamiliar o violencia sexual, seis terminan sin sanción penal o con condenas menores a los tres años.
Cuando se analizan las cifras de violencia contra las mujeres por regiones, y se encuentra que el Valle del Cauca, Antioquia y Bogotá comandan las estadísticas sobre feminicidios, surgen muchas preguntas y de toda índole.
Como el fenómeno y sus implicaciones desbordan los preceptos de género y se desmarcan de los radicalismos, es necesario cuestionarnos si somos violentos por naturaleza o si el respeto por la vida, la supervivencia social y el fortalecimiento de la familia son accesorios y no derechos fundamentales.
La no aplicación de pronta justicia, la cohabitación con el agresor y los altos índices de impunidad en todas las violencias, sumado al desconocimiento de las normas internacionales sobre protección a las mujeres, ofrecen parte de la respuesta. Las mujeres parecen condenadas a ser sujetas de deberes, pero no de derechos, porque seguimos siendo un país machista, con políticas públicas que desconocen en parte el valor de las mujeres y alientan la vulneración de sus derechos.
La incursión de la mujer en muchos ámbitos de la vida nacional, su ingreso a cargos de responsabilidad política, de liderazgo empresarial y de transformación social deberían ser suficientes razones para cambiar esta penosa realidad. No es un mero asunto cultural el que está detrás de la violencia intrafamiliar, sino un andamiaje institucional que por un lado promueve el castigo contra los violentos, pero por el otro los exculpa.