La ministra de Justicia, Ruth Stella Correa , espera que la creación de seis megacárceles con capacidad para 26 mil reclusos, combinado con la petición de libertad condicional para cientos de reclusos, sea la solución para el grave problema de hacinamiento que enfrenta el país.
Considera que el nuevo Código Administrativo es una especie de “reforma a la Justicia” y confía en que el Inpec sea capaz de resolver los problemas de las cárceles.
¿Cuáles son las medidas para reducir el hacinamiento en las cárceles?
“Son muchas. Las primeras han consistido en traslado de internos para centros carcelarios en los que hay cupos. Unido a esto se han programado brigadas con las oficinas jurídicas de los centros de reclusión con el fin de que las universidades contribuyan con sus abogados y adelanten peticiones ante los jueces de ejecución de penas en relación con quienes ya tienen el beneficio de libertad condicional porque han cumplido con las dos terceras partes de la condena. A veces la falta de petición y de solución de ese tipo de solicitudes conlleva a que el hacinamiento se incremente. Si estas peticiones fueran resueltas de manera más oportuna el hacinamiento bajaría. También tenemos unas medidas a mediano y largo plazo consistentes en la construcción de cupos. En enero empezamos los estudios para la contratación de seis megacárceles que garantizarán 26 mil cupos, pero además se va a hacer la ampliación de las existentes en aquellos lugares en que ello sea técnicamente posible y con ello esperamos que en el curso de cuatro años lleguemos a 20 mil nuevos cupos para tener en total 46 mil nuevos cupos. También se presentará al Congreso un documento que está estudiando el Consejo Nacional de Política Criminal en relación con un nuevo Código de Régimen Carcelario y Penitenciario, que puede redundar en la situación de hacinamiento”.
¿Cree que la ley de seguridad ciudadana incrementó el hacinamiento?
“Ha habido muchas normas en los últimos años, incluyendo la de seguridad ciudadana, que establecen prisión para sancionar los delitos. No sólo se le puede atribuir a esa todo el peso por el hacinamiento”.
¿Cómo evalúa hoy al Inpec?
“El año pasado, el Inpec se escindió en dos instituciones con personería jurídica, una encargada de la vigilancia y la otra, la Unidad Administrativa de Servicios Carcelarios, encargada de la contratación de cárceles, de servicio de alimentación y salud. Este último es un ente que apenas arranca, pero que tiene los elementos necesarios para que funcione como corresponde. Luego del primer paso que fue la escisión y del traslado de empleados, que es un problema mayúsculo para resolver, ya se tienen las condiciones para que la institución asuma la responsabilidad que le corresponde. En cuanto al hacinamiento creo que el Inpec lo está manejando y sabe que es un tema muy grave, pero estamos con el Ministerio de Justicia, apoyándolo para que pueda solucionar la situación”.
¿Es necesaria una reforma a la Justicia?
“Creo que estamos haciendo unas importantísimas reformas a la Justicia, entre ellas el nuevo Código Administrativo, que cambiará la mentalidad de la administración de Justicia, por una justicia pronta, cumplida, virtual y de litigio en línea”.
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