Hacia las 3:15 de la tarde de ayer, Daniel Alejandro Serna, alias "Kener", fue recluido en el pabellón de máxima seguridad de la cárcel de Palmira (Valle), un día después de que la Policía lo recapturara en una finca del municipio de Angelópolis, en Antioquia.
Inmediatamente, la fiscal 29 de Medellín que lleva el caso levantó el beneficio de casa por cárcel que le concedió en días pasados.
Para investigar los hechos que dieron lugar a la fuga, el fiscal general (e), Guillermo Mendoza Diago, nombró a un fiscal delegado ante el Tribunal Superior de Bogotá, para que estudie las supuestas responsabilidades del Inpec, Medicina Legal y la fiscal 29 de Medellín.
Entre las diversas teorías manejadas por causa de la fuga de "Kener" está la aparente falta de vigilancia del Inpec en la casa donde permanecía recluido, la supuesta flexibilidad de la Fiscalía al darle casa por cárcel y una presunta colaboración de Medicina Legal en diagnosticarle enfermedades que, al parecer, no padece.
Esto se determinará luego de hacer las respectivas indagaciones judiciales que permitan confirmar plenamente si se trató de una fuga o de un secuestro, como lo argumenta su familia.
De comprobarse que se trató de una fuga, como lo afirmó el Director de la Policía Nacional, general Óscar Naranjo, alias "Kener" deberá presentarse ante un juez de control de garantías para la imputación de cargos.
En el momento de la captura "lo primero que se le ocurrió fue decir que se había fugado de sus captores, por lo tanto, queda al descubierto un libreto que es inverosímil al decir que se encuentra en un estado terminal".
Naranjo calificó la actitud de "Kener" como desafiante y mentirosa, al revelar que amenazó diciendo "que si era presentado como una recaptura, no quedaría títere con cabeza en la institución policial".
El oficial manifestó que "durante la noche (del martes) se le practicaron varias valoraciones médicas que han llevado a nuestros galenos a determinar que el individuo está en condiciones normales, con sus signos vitales sin ningún problema".
La fiscal de caso solicitó la verificación de las presuntas enfermedades del procesado, para establecer las condiciones médicas bajo las cuales debería estar sometido.
De llegarse a comprobar que no tiene ninguna enfermedad y que todo se trató de un engaño, habrá que imputarle otro delito y, de ser el caso, judicializar a los funcionarios responsables de verificar el estado de salud del detenido.
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