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Las universidades colombianas no es que estén mal ranqueadas en el concierto latinoamericano. De hecho, con 42 universidades en la lista de las 300 que evalúa el QS Latin American University Ranking, Colombia se ubica tercera. El primero es Brasil con 81 y segundo México con 50. Y estamos por encima de Argentina y Chile, con 30 universidades.
Este dato positivo que arroja el ranquin QS de 2013 no resulta alentador para Colombia si se mira el universo de la educación superior. Frente al gran número de universidades reconocidas en el país, que suman 346 según el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior -de todos los tamaños y calidades- sólo tenemos 12 entre las 100 primeras, y de estas, las mejor ubicadas son la Universidad de los Andes, en el cuarto lugar, y la Universidad Nacional, en el noveno.
Una presencia que se torna más débil si se amplía el campo de observación. La Universidad de Sao Paulo, que es la primera de la región, aparece en el puesto 139 del ranquin mundial. La primera de Colombia, la Universidad de los Andes, figura en el puesto 335, y la Universidad Nacional en el 381, entre 874 universidades del mundo.
Estos listados que miden diversos asuntos, revelan, más allá de los datos de la clasificación, algo que no se expone en forma explícita: la tarea en toda la región está por hacerse, en términos de formación de una masa crítica de investigadores, acreditación en calidad, preparación de sus docentes (medida en índice de doctorados), reputación académica, producción científica, patentes, etc.
Es una problemática común a todos los países de la región latinoamericana, cuyos sistemas educativos tienen las más bajas notas.
Para decirlo en palabras más crudas, como las expuestas en Medellín por el periodista Andrés Oppenheimer, un estudioso del tema, tenemos que reconocer que el manejo de la educación en América Latina ha sido un fracaso. En algunos países es, incluso, "un desastre".
Fracaso que no es atribuible a determinados períodos de gobierno, sino precisamente a una falta de conciencia de la sociedad y de sus gobernantes sobre la importancia de la educación, valorada en montos de inversión, según porcentaje del PIB o del presupuesto.
Y sobre todo, en términos de voluntad política, para hacer de la educación una herramienta de desarrollo, como en efecto lo es en la medida que está demostrado que el crecimiento económico, por sí mismo, no basta para superar la pobreza y eliminar las brechas que propuso Naciones Unidas en los objetivos del Milenio.
Siendo un tema prioritario, para los gobiernos no parece urgente ni rentable políticamente, pues sus resultados no se ven durante el período de una misma administración.
Si bien Colombia ha venido aumentando su presupuesto destinado a la educación, su porcentaje del PIB para la investigación universitaria es de los más bajos del continente. Esto se suma al poco nivel de la inversión en ciencia y tecnología que apenas llega al 0,16 por ciento del PIB.
Cerrar la brecha en materia educativa con los países desarrollados y con las naciones emergentes demanda mayores esfuerzos de la sociedad para crear un círculo virtuoso donde la educación sea el motor del crecimiento económico, en tanto que la aplicación del conocimiento contribuye a superar la pobreza y mejorar los índices de producción nacional.
Por eso, la inversión del país en educación tendrá que incrementarse para alcanzar un estado superior de desarrollo y que una próxima generación se beneficie de los resultados.