Mockus anunció que extraditaría a Uribe y a Santos si así se lo pedían, sólo para afirmar después que no sabía que quien en última instancia decide las extradiciones es el Jefe de Estado. Que Antanas diga no saber sobre el asunto es tan trascendental como su inclinación a extraditar al Presidente. Demuestra que no tiene memoria. Y no olvida lo trivial, sino asuntos fundamentales del pasado reciente: por la extradición el M-19 se tomó el Palacio de Justicia, asesinaron a Galán, afloró el narcoterrorismo, mataron dos ministros de Justicia y la fuerza pública ha puesto miles de muertos. ¿No recuerda Mockus semejantes acontecimientos y sus motivos? Gravísimo.
Mockus, si le creemos, tampoco lee periódicos. La extradición es desde hace tiempo el objeto de una fuerte polémica entre Uribe y la Corte Suprema, reseñada en los medios.
En efecto, la Suprema viene dándole garrote a la extradición desde hace un par de años. En el caso de un guerrillero sindicado del secuestro de un extranjero, negó la extradición porque el delito se cometió en Colombia. Después negó la de un narcotraficante porque había sido objeto de una condena, por otro delito, en nuestro país.
En ambas decisiones la Corte cambió su jurisprudencia, a favor de los bandidos y en desmedro de la cooperación internacional en la lucha contra el crimen. Limitó la extradición a la ocurrencia del delito en otro país. Y permitió que los delincuentes busquen procesos en Colombia para evadirla.
Ahora la Corte niega extradiciones de narcos y paras porque con ellas "resultarían gravemente afectados los derechos de las víctimas y la sociedad colombiana que quedarían sin posibilidades de conocer la verdad y obtener reparación". Que no haya sustento jurídico para esas decisiones no ha detenido a los magistrados. Las razones por las cuales la Corte puede negar la extradición están contempladas taxativamente en el Código de Procedimiento Penal y en ninguna de ellas está la "obligación de reparar" o de "contar la verdad".
La Corte, además, se hace la de la vista gorda con el hecho de que en Colombia paras y narcos no han contado la verdad (ahí sigue Báez campante) y no quiere entender que mantenerlos acá no sólo no garantiza que confiesen, sino que estimula lo contrario. Los criminales no contarán la verdad o la demorarán una eternidad, porque saben que mientras tanto no serán extraditados. Lo mismo, y por las mismas razones, ocurre con la reparación.
La clave de la colaboración de los bandidos no es el lugar donde se encuentren, sino la presión que sobre ellos pongan las autoridades y los estímulos que se ofrezcan. ¿Por qué no amenazan los jueces con la pérdida de los beneficios de la ley de Justicia y Paz? ¿Por qué no expulsan a quienes, advertidos, se rehúsan a colaborar? ¿Por qué no recuerdan a los renuentes que pueden ser extraditados?
Nada de eso ocurre en la administración de justicia. Al revés, la Sala Penal se inventa nuevas excusas para negar extradiciones. Y nadie, ni a Mockus, que no recuerda y que no lee, parece importarle nuestra memoria histórica ni semejante retroceso en la lucha contra el crimen.
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