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Olga Lucía Zapata se pasó dos semanas sin atreverse a cruzar el umbral que antecede la oficina del doctor Diego Fernando Escobar Múnera, que en paz descansa. El piso 19 del Palacio de Justicia se convirtió para ella en una especie de muro de los lamentos ante el cual se negó a postrarse.
Sabía que si se acercaba mucho al despacho de su antiguo jefe y encontraba la silla vacía, la toga todavía perfumada y medio arrugada -como siempre se la ponía Diego Fernando- era llorada fija.
Pero terminó cediendo. Olga Lucía olvidó las ganas de presentar la renuncia y hoy no solo está trabajando dentro del glacial espacio en el que se ha convertido el Juzgado Octavo Penal del Circuito de Medellín, sino que ahora pide excusas para secarse las lágrimas, que le salen con cierta discreción de funcionaria.
Con una veladora al lado como testigo, esta mujer intenta reconstruir alguna anécdota de aquel hombre contumaz en la aplicación de la norma y el bromista que antes de entrar a una audiencia jugaba a volear el hábito de juez, como si estuviera bailando bambuco.
Ha pasado casi un mes, desde que el ex soldado profesional Duván Herley Rodríguez Holguín le disparara al Juez a la salida de su casa. Ha pasado una semana desde que un Fiscal Especializado le imputara cargos por homicidio agravado.
Sin embargo, en estos 38 días aún se desconoce quién ordenó el homicidio. Evidentemente alguien le pagó a Duván Herley para que ejecutara el crimen del cual se declaró culpable.
"Que a Diego Fernando le tomaron fotografías con un celular en una audiencia, dice mucho", es lo que se rumora por los pasillos del Palacio de Justicia.
"Él sabía que llevaba unos procesos duros, que se había metido con ciertas mafias de Medellín intocables y por eso recurrió al Consejo Seccional de la Judicatura, para pedir protección", dice un Fiscal.
Sin embargo, a Escobar le practicaron el estudio de seguridad, pero al no haber una amenaza concreta, la Policía determinó que el riesgo era ordinario. "Eso fue en enero de este año. En virtud de la respuesta que le dieron, él no insistió, todo quedó calmado y, vea, lo mataron", dice.
La ley de hierro
No es un secreto que la tensión se respira por bocanadas en la Rama Judicial. Tanto, que nadie se atreve a hablar a nombre propio. Así, con una franqueza intestina lo resume un investigador: "en el caso mío, yo llevo muchos procesos contra militares y contra integrantes de bandas delincuenciales como 'Los Mondongueros'. Yo ayudé a judicializar a un cabecilla de 'La Oficina'; es decir, yo sé que tengo problemas, aunque a mi nadie me haya amenazado".
En el ejercicio de perseguir el crimen, han pasado cosas tan graves, que merecen ser tenidas en cuenta. "Ocurrió en el proceso que se le sigue al jefe de una banda. Resultó que cuando la Policía hizo la captura, se dieron cuenta de que el hombre estaba viviendo dentro del mismo edificio donde reside el Fiscal que lo estaba investigando".
¿Coincidencia? "Eso es lo que se está indagando, si fue un caso fortuito, o era un seguimiento al Fiscal", responde.
Desde los "cuestores" de la antigua Roma, los jueces han revestido la representación máxima de la Justicia. Pero lo que a muchos se les olvida es que, aparte de ser los juristas detrás de las decisiones, son seres humanos, de carne y hueso.
Un Juez Especializado de Medellín, uno de esos que tiene sobre sus hombros fallar en casos de terrorismo, narcotráfico y crimen organizado, confiesa -sin que se le quiebre la voz- que seguirá aplicando la ley así haya que correr la adversa suerte del doctor Diego.
"Si todos los jueces de la República nos sintiéramos atemorizados por los violentos, entonces no habría jueces. Entonces, la sociedad y el país ¿en qué estarían? Tiene que existir gente como nosotros con vocación para que se administre Justicia".
Según Luis Fernando Otálvaro Calle, representante de los servidores judiciales, en Antioquia hay 38 jueces amenazados. En Medellín son ocho los funcionarios objeto de intimidaciones, uno de los cuales cuenta con esquema de seguridad extremo.
El grueso de las amenazas en el departamento proviene de la guerrilla, seguido de bandas criminales, y terminando con anónimos que se manifiestan a través de llamadas telefónicas, cartas o lo que perversamente han llamado sufragios.
A eso se suma que algunos fiscales han tenido que irse de Medellín. En los últimos tres meses, dos de estos funcionarios tuvieron que ser trasladados. Otros dos han recibido medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y hoy se encuentran laborando bajo estrictas medidas de seguridad. "Están en una condición muy difícil, sobre todo por sus familias", dice una fuente de la Fiscalía.
Testigos silenciados
Un caso que descubrió un momento oscuro para la Justicia fue el que giró alrededor del ex paramilitar John William López Echavarría, conocido con el alias de "Memín".
Durante el tiempo que duró el proceso (2008-2009), fueron asesinados cuatro testigos de manera sistemática. Pese a que finalmente el hombre fue condenado a 22 años y ocho meses de prisión por los delitos de desplazamiento forzado, concierto para delinquir y constreñimiento ilegal agravado, algunos funcionarios que intervinieron en la judicialización, aún no se sienten del todo a salvo.
Mucho de lo que se dice de puertas para adentro es que las audiencias públicas no cuentan con los mínimos controles de seguridad. "Siempre cuestioné si ese sistema tan público era acorde con la situación de violencia de Medellín o de Colombia", dice un Juez Penal del Circuito.
Que integrantes de una peligrosa banda como "Pachelly", de Bello, en plena audiencia envíen mensajes de texto a la Fiscal que está leyendo una imputación, para constreñirla, es un hecho que debería trascender del anecdotario y generar medidas de choque, se escuha de boca de un investigador.
"El procesado tiene derecho a saber quién lo está juzgando, claro. Pero en espacios tan reducidos, tan públicos, el juez, el fiscal, el defensor, son vulnerables a todo tipo de provocaciones", dice otro Juez consultado.
"Si vos entrás a un aeropuerto, pasás por un detector de metales y a la vez te requisan. Aquí no. En cierta ocasión una persona ingresó y metió dentro de su bota una pistola pequeña, me la mostró y me dijo, vea doctor lo que ingresé", prosigue un Fiscal.
En ocasiones se ha dado que las diligencias comienzan sin la presencia de custodios (policías desarmados que vigilan las audiencias) pues los dos o tres que hay por piso no alcanzan a cubrir los compromisos.
Según uno de los representantes del Comité de Derechos Humanos de la Rama Judicial, los casos de agravios no son pocos. "Gente cercana a un hombre al que se le negó la libertad, y como consecuencia de una mala asesoría de la defensa, comenzó a insultar a una Fiscal, al punto que se le fue encima a pegarle", dice.
Pero no todas las historias se quedan en solo afrentas verbales. "En el Tribunal Superior de Medellín, luego de una apelación, familiares de un procesado tiraron por las escalas al Fiscal del caso, lo que le valió una larga incapacidad y una lesión en una pierna", dicen los testimonios.
Es por eso que el Juez Especializado que accedió a una entrevista con EL COLOMBIANO asegura que "los procesados tienen una visión errónea de lo que nosotros somos. Si son condenados nos ven como verdugos. Cuando la verdad es que nosotros estamos aquí es como protectores de los acusados, en cuanto a que velamos porque se les garanticen sus derechos".
"Sentimos miedo, pero si uno se pusiera a pensar solo en eso, no haría nada ni podría llevar una vida tranquila", dice un funcionario que pide que los compromisos a los que llegó la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial (ver recuadros abajo) se cumplan.
Los pasos del doctor Diego Escobar no se volverán a sentir por los pasillos del edificio José Félix de Restrepo. Tampoco las palabras que vertía ni las conversaciones sesudas en las que se sumía con los colegas que le hacían fila para consultarlo. Pero que sus pasos no se escuchen es solo el comienzo de una lucha que la Rama Judicial comienza a dar para que por fin la oigan.