El exsenador Juan Carlos Martínez, condenado por parapolítica, no sólo ha desafiado al Estado, sino que ha vuelto a dejar en evidencia la debilidad del sistema de administración de justicia. Su salida por 72 horas de una cárcel de Barranquilla y su periplo por Bogotá y Valle del Cauca son una burla a la institucionalidad, no pocas veces auspiciada por quienes juraron defenderla.
El país sigue sometido a unas normas demasiado laxas, aplicadas con liberalidad por los jueces. El caso del exsenador Martínez, y de tantos otros que se vienen presentando con presos de alta peligrosidad, no es un asunto meramente normativo. Tiene que ver con graves vacíos jurídicos e innegables problemas éticos.
El Gobierno debe enfrentar esta situación, más que con llamados a la sensatez de los administradores de justicia, con decisión y firmeza, pues la porosidad del sistema judicial muchas veces está ligado a hechos de corrupción dentro del régimen carcelario. Las fiestas y las remodelaciones a su amaño que el propio exsenador adelantó en su estadía en la cárcel La Picota de Bogotá son antecedentes conocidos del poder que tiene y que parece no estar dispuesto a dejar.
La tan cacareada reforma a la justicia que el Gobierno llevaba discutiendo con las Altas Cortes, y cuyo consenso no fue posible porque persisten intereses superiores a la colaboración armónica entre los poderes que consagra la Constitución, debería comenzar por generar una profunda reflexión sobre lo que se tendría que hacer para impedir que casos como este se sigan presentando.
El Ejecutivo, con el Presidente Juan Manuel Santos a la cabeza, no puede quedarse callado ante semejante desafío a la institucionalidad del país. Es su deber respetar la independencia de la justicia, pero sobre todo es su obligación proteger el Estado como jefe de Gobierno que es.
Colombia no puede volver a transitar los dolorosos caminos que la llevaron al borde del abismo cuando una parte de nuestra sociedad vio con desdén, y no pocas veces con simpatía, la penetración de dineros ilícitos en la política y en muchos otros ámbitos de nuestra cotidianidad. Las denuncias sobre las presiones y manipulaciones del exsenador Martínez en la campaña electoral del Valle no son propiamente un asunto de persecución por razones raciales, como él lo ha dicho.
No son claras las razones por las cuales el juez decidió otorgarle esta nueva salida de la cárcel y, menos, permitirle viajar por el país como Pedro por su casa, a sabiendas de los antecedentes del beneficiario y desoyendo las peticiones del Gobierno.
Nuestro sistema carcelario sigue haciendo agua y la corrupción en algunas instancias del Inpec es galopante. La flexibilidad del sistema judicial y la leonina forma en que muchos jueces interpretan las normas amenazan con sepultarnos en la total impunidad, esa que siempre juega a favor de los delincuentes.
Es urgente revisar y modificar sin titubeos el esquema de permisos contemplados en el sistema carcelario y acabar con las prebendas que se les otorgan a ciertos reclusos. La salida temporal de un preso debería obedecer a estrictas razones humanitarias, como en casos de la muerte de un familiar, pero no para hacer proselitismo.
Mucho menos, bajo argumentos de "buen comportamiento", pues en el caso del exsenador Juan Carlos Martínez es claro que no se cumplió ni lo uno ni lo otro.
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