Las relaciones entre los militares y la administración de justicia se han convertido en un tema delicado que convoca al análisis juicioso y a decisiones que eviten su creciente deterioro.
En declaraciones recientes del Ministro de Defensa, Rodrigo Rivera, se refiere a ello cuando lamenta la deficiente coordinación entre la Fuerza Pública, el Poder Judicial y la Fiscalía, a la vez que denuncia la pérdida del esfuerzo de los militares en descubrir, ubicar y capturar a narcotraficantes cuando luego son dejados en libertad por funcionarios judiciales.
De otra parte, en una polémica e inquietante columna, Daniel Coronell liga el asesinato de la jueza Constanza Gaona con el proceso que se adelanta contra el subteniente Raúl Muñoz por acceso carnal violento con menores y homicidio. Igualmente, cuestiona la Defensoría Militar Integral en su organización, dependencia y procedimientos, razones que posiblemente aceleraron el retiro de su director.
La polémica no es permanente ni esporádica, sino recurrente. Hace una década pensábamos que la época del síndrome de la Procuraduría, que tanto perjuicio causó en el manejo del orden público, había sido superada, pero en los últimos años, las tensas relaciones de los militares con la Fiscalía revivieron las heridas. En mi columna titulada "La justicia injusta" , publicada en este prestigioso diario el 11/08/09, me referí a un documento del Cuerpo de Generales y Almirantes de la Reserva Activa de las Fuerzas Militares, el cual muestra la preocupación y desconfianza, que hoy subsisten, sobre el comportamiento irregular de algunas instancias de la Fiscalía en procesos judiciales contra personal militar, y llega a afirmar que la administración de justicia no está contribuyendo a formar perspectivas de paz. En dicha columna recomendaba el análisis a fondo y la acción correctiva inmediata, de ser el caso, por el riesgo que para la salud del Estado representa una fisura grave entre estas instituciones, como bien lo advierte el Ministro de Defensa. Si los militares se sienten combatiendo en un ambiente de inseguridad jurídica, algo grave está sucediendo o puede suceder.
La semana pasada tuve el agrado de asistir a la presentación del libro titulado: ¡Qué injusticia! Dramáticas revelaciones de la esposa del coronel Plazas Vega. En él se capta la plena convicción de Thania Vega de Plazas sobre la inocencia de su esposo, al igual que desvela el sufrimiento de su alma por las injusticias y atropellos de los cuales fueron víctimas. Termina expresando su decisión indeclinable de luchar por la verdad, en la causa de su esposo.
Todos estos hechos (sin referirnos a los argumentos de algunas organizaciones no gubernamentales movidas más por intereses económicos que por vocación humanitaria) inciden considerablemente en la motivación del soldado y en la eficacia de la Fuerza Pública en su lucha contra los agentes de violencia.
Si bien con frecuencia la controversia es necesaria para que la verdad aflore, ella debe estar regida por la ética profesional, el conocimiento y la responsabilidad personal, grupal o institucional. Dentro de este contexto, las acciones de los militares realizadas como actos del servicio o como consecuencia de él, deben ser evaluadas y juzgadas por quienes conocen de tal actividad. Otra cosa son los actos fuera del servicio, expresión del libre albedrío de cada persona.
El equilibrio y la sensatez son indispensables en los temas de Estado. De una parte, se debe atender lo dicho por el señor Presidente de la República sobre la necesidad de apoyar la defensa judicial de los cientos de militares que están siendo juzgados, convirtiéndolo en realidad, y de otra, no debemos olvidar al libertador Simón Bolívar cuando afirmaba que la corrupción de los pueblos nace de la impunidad y de la indulgencia de los tribunales.
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