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Una reforma de vital importancia económica y social, como la pensional, es para ambientarla y debatirla a cielo abierto. No para meterla de forma subrepticia dentro de los centenares de artículos del Plan Nacional de Desarrollo, sin conocimiento siquiera de todo el Consejo de Ministros.
Aunque es verosímil que ese artículo no haya sido incluido de casualidad, sino como un globo sonda para tantear el ambiente, tanto en el Congreso como en el sector laboral, es políticamente torpe iniciar el debate de esa forma.
Es necesaria la reforma. El mismo Presidente de la República la asume como "un acto de responsabilidad con las futuras generaciones". El problema pensional del régimen público constituye una de las mayores complicaciones fiscales que enfrenta el país en la actualidad y de cara a los próximos años. El pago de pensiones en 2011 tendrá un alto peso en la asignación presupuestal: 23,6 billones de pesos. De otra parte, el pasivo pensional del Estado está calculado en cerca de 165 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).
De mantenerse las actuales condiciones laborales y de no aumentarse la cobertura pensional, fenómeno que ha venido ocurriendo en los últimos años, más del 50 por ciento de la población colombiana no tendrá los ahorros suficientes para obtener una pensión mínima. Esto pone de presente serias dudas acerca de la viabilidad y sostenibilidad en el largo plazo del actual sistema de pensiones, por lo que es procedente plantearle a la sociedad colombiana, de frente y con sólida fundamentación, la necesidad de reformar y adecuar el régimen vigente.
Pero el problema no se resuelve sólo con el cambio en la edad de jubilación. La situación requiere de una reforma más comprensiva que nos acerque a un escenario donde se tenga la mayor cobertura posible; con aportes regulares y equilibrados en tiempo y valor; que se tenga una vida laboral activa que permita asumir la jubilación a una edad adecuada; y con beneficios proporcionales a lo aportado a lo largo del tiempo.
Si el Gobierno se toma en serio el tema, y está dispuesto a jugarse buena parte de su capital político -del que actualmente goza-, sería el momento de eliminar los regímenes pensionales extraordinarios de minorías muy poderosas, como excongresistas, exmagistrados, y otros sectores que cuentan con legisladores propios que aprueban leyes en su exclusivo beneficio.
Un país inequitativo como Colombia no puede convivir con pensiones irrisorias para unos, frente a otras entre las más altas del mundo para unos pocos, con mesadas a cargo del Estado que agotan buena parte del presupuesto nacional y tienen hipotecada la seguridad pensional de todas las nuevas generaciones.
Por eso, hay que mirar con interés la propuesta de la Contraloría -aún en borrador-, de gravar las pensiones más altas.
De otra parte, hay que eliminar el componente populista de buena parte de la discusión, y defender que el acceso a la pensión también es parte de la responsabilidad individual. No pueden, quienes desarrollan una actividad económica, por reducida que sea, dejar al Estado la carga de asegurarles pensión, sin haber ellos cotizado al sistema, pudiendo hacerlo.