Ante la limitada capacidad para frenar al Ejército, pero también ajenas a principios elementales del Derecho Internacional Humanitario y a convenciones como la de Ottawa, las Farc aún siembran minas antipersonal en el país, y en especial en Córdoba, Antioquia y Chocó.
Un informe de la Séptima División del Ejército constata que en 2014 se han desactivado 1.000 artefactos explosivos en el Noroccidente de Colombia. Su poder alcanzaba para afectar y matar a unas 2.500 personas. ¿Quién le cree a una guerrilla que, con esas trampas, insiste en mutilar y matar a combatientes y civiles?
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