Hablar de temas de paz en Colombia no es fácil y menos si hay de por medio un proceso de desmovilización tan complejo como el emprendido en 2002 con las autodefensas. Así lo cree Marcelo Álvarez, jefe de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la OEA, quien cumplirá un año al frente del cargo.
¿Qué le preocupa más a la Mapp-OEA?
"La recuperación de la institucionalidad en los territorios azotados por la violencia. La recuperación no sólo de la Fuerza Pública, sino de la justicia y otras entidades".
¿El problema de las bandas emergentes, se debe a esa falta de institucionalidad?
"El desarme de una organización armada no implica necesariamente el retorno completo de la paz. Mientras sigan existiendo fenómenos como el narcotráfico o las economías ilícitas, es normal que se produzcan nuevos focos de violencia".
Su informe habla de la participación de desmovilizados en ellas...
"Estas bandas utilizan, por un lado, una oferta económica importante y, por otro discursos en contra del proceso de reintegración. Sin embargo, el programa de reintegración arroja muchos resultados positivos y el mayor número de desmovilizados está dentro de él".
¿El reclutamiento se extiende a menores?
"Estamos empezando a tratar el tema de reclutamiento porque es evidente que este fenómeno ha ido en aumento. Donde se desarrollan focos de violencia se incrementa el reclutamiento".
¿Preocupan regiones en especial?
"Zonas rurales de Chocó y Norte de Santander son de nuestra mayor concentración. Además, en cuanto a las áreas urbanas, la Misión ha venido haciendo especial seguimiento en Medellín y Bogotá".
¿Cómo ve el proceso de Justicia y Paz?
"La mayor legitimidad social que tiene esta Ley son las más de 269 mil víctimas que hoy están en el proceso. Justicia y Paz ha permitido que ellas tengan voz, que estén visibilizadas. Hay dificultades pero lo importante es comprender su magnitud".
¿Y lo más destacable?
"La justicia colombiana puede conocer más de 24 mil delitos que antes no conocía. Más de 20 mil víctimas han sido reconocidas en estos delitos confesados. En menos de dos años y medio se han podido descubrir más de 2.500 fosas comunes".
Sin embargo, hay víctimas que denuncian impunidad?
"Hay dificultades pero el mensaje debe ser de esperanza y confianza. La Fiscalía y la Corte Suprema están haciendo su mejor esfuerzo y eso no quiere decir que vayamos camino a la impunidad.
¿La extradición de 14 ex jefes de las Auc ha dificultado el proceso?
"La Misión es respetuosa de las decisiones del Gobierno; sin embargo, la extradición no debe implicar la pérdida de los derechos de las víctimas. Por eso insistimos en que se establezcan medios de coordinación entre los dos gobiernos para que los extraditados puedan seguir participando. Prevemos una visita para diciembre a las cárceles en Estados Unidos para invitarlos a que sigan participando. Es su deber y obligación con las víctimas".
Otra crítica es que la cantidad de víctimas desborda la capacidad del sistema?
"La magnitud del proceso pone todos los días a prueba la capacidad de la institucionalidad y de la comunidad internacional. Todos juntos debemos ver de qué manera se puede responder. Cuando observamos que cada defensor tiene que atender entre 400 y 500 víctimas, nos damos cuenta de los grandes desafíos que se tienen".
¿Qué se está haciendo para fortalecer el sistema judicial?
"Todos los días hay reuniones y talleres de trabajo para ver de qué manera se pueden solucionar los problemas. Hace unos días la Misión, a petición de la CPI, colaboró con la Fiscalía para juntar a todos los fiscales de Justicia y Paz en un taller interno y que ellos acordaran cómo organizar metodológicamente los casos para presentarlos a la Corte, de manera que no sean rechazados y se puedan dar sentencias".
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