Sería de carcajearse, si no estuviera en juego una de las naciones más pobres del continente. Se deberían respetar los principios de libre determinación de los pueblos y de soberanía, dos caras de una misma moneda sobre los cuales se edifica la comunidad internacional.
Pero se alega que es imposible reconocer unas elecciones "ilegítimas". Quedan patentes la doble moral de algunos Estados y la manipulación por razones ideológicas de los principios democráticos.
Alegan que unas elecciones adelantadas por una dictadura carecen de legitimidad y no pueden dar lugar a un gobierno que sea aceptado por el resto de naciones.
El argumento es falso tanto desde el derecho internacional como desde la historia.
La comunidad internacional se construye a partir de la teoría de la sucesión de gobiernos, en virtud de la cual la naturaleza del régimen político y el cambio de los gobiernos no afectan la calidad de sujeto internacional de los Estados ni sus derechos y obligaciones.
Es la única manera de tener seguridad jurídica y eliminar la incertidumbre que generaría la posibilidad de que un nuevo gobierno, eventualmente contrario al anterior en términos políticos, decida incumplir los tratados suscritos por sus antecesores.
A cambio, los otros estados aceptan mantener relaciones con el nuevo gobierno, sin importar su identidad ideológica. Eso explica que bajo el manto de la ONU se cobijen Estados de derecha y de izquierda, democracias y dictaduras.
Alguien podría alegar que en América la cosa es a otro precio y que la Carta Democrática establece sanciones para los Estados que abandonen la senda de la democracia. Es la verdad absoluta.
Tras la finalización de los conflictos armados internos en el grueso del Continente y la transición a la democracia en el cono sur, la Carta establece sanciones para aquellos que la violen. Pero los Estados no han aplicado la Carta ni una sola vez para sancionar los extravíos de Venezuela o Nicaragua, donde la violación a sus principios ha sido flagrante.
Y a pesar de la Carta se ha invitado a Cuba, una dictadura abierta y descarada, a volver a la OEA.
De manera que alegarla ahora para sancionar a Honduras es una descarada manipulación de su contenido.
Y no sólo porque es cuestionable que el gobierno de Micheletti sea una dictadura, sino porque aun si se admitiera que lo es, las elecciones realizadas el domingo pasado supondrían una transición a la democracia que en lugar de condenarse debería aplaudirse.
¿Acaso de qué otra manera puede transitarse a la democracia desde una dictadura sino a través de elecciones libres y competidas, con voto universal y secreto y garantías para la oposición? Todas esas condiciones se cumplieron en el país centroamericano.
¿Por qué entonces la actitud de Venezuela y Brasil? La razón es estrictamente ideológica.
Ni a Chávez ni a Lula ni al resto de la compañía les gusta haber perdido un aliado incondicional.
Y al mismo tiempo que rechazan al nuevo presidente hondureño, no tienen problema abrazarse con los Castro o con Ahmadineyad.
Para algunos, la hipocresía no tiene límites.
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