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Ya van meses de haber estallado el vergonzoso carrusel de las pensiones de la judicatura y hasta ahora poco se sabe en qué van las investigaciones y los correctivos para enfrentar este saqueo a la ética y al fisco nacional.
El escándalo sobre las pesquisas de la diligente Contralora General ha sido no solo justificado sino que alarma. No son de poca monta sus incriminaciones. Ni pueden taparse con el olvido que auspicia la impunidad, moda tan original en el aparato institucional colombiano.
La opinión pública reclama acciones concretas y purificadoras de la mala costumbre de eludir, no solo la severidad de las leyes a través de piruetas leguleyescas, sino de violar las normas éticas que deben estar íntimamente ligadas al severo comportamiento de los funcionarios y de los ciudadanos.
Porque eso de brincar altos empleados del Estado su pensión de 2 a 11 millones de pesos o de 2.5 millones a 11.5 millones de pesos mensuales, pertenece al realismo mágico de Gabo y a la más habilidosa astucia de brujería. Ha sido un carrusel bordado a través de gambetas tan peculiares y audaces como el de encargar o nombrar por períodos cortos a funcionarios que estaban al borde de pensionarse con sueldos superiores para que complementen el tiempo de jubilación necesario para recibir tan jugosa lotería.
En Colombia como están las cosas, en medio de estos contrabandos al espíritu de la ley, el sistema pensional no goza ni de equidad, ni de universalidad, ni de transparencia, ni de sostenibilidad fiscal.
Por la forma como viene operando -sobre todo por quienes hacen las leyes y quienes juran cumplirlas y hacerlas cumplir- con carruseles abusivos y privilegios desproporcionados, este régimen va camino a la ruina al arrasar con el fisco y la moral.
Los vacíos legales, tan usuales en las disposiciones colombianas, han sido la tentación y el arma de los marrulleros de todos los pelambres para burlarse de los colombianos a través de sucias maniobras.
Mientras miles de ciudadanos, aturdidos por aquellas maquinaciones, no gozan de pensión y altísimos porcentajes del mundo laboral a duras penas reciben un salario mínimo o ligeramente superior, aquellos quienes por constitución deben velar por el cumplimiento de la ley, en su letra y en su espíritu, le escurren el bulto a los códigos de la transparencia y del honor. Es la típica ley del embudo.
Ojalá se conozcan pronto los resultados de la investigación. Que no la enreden a través del leguleyismo que plantea el llamado conflicto de competencias, con el cual muchos escándalos se enmudecen a través de la prescripción, cuarto de sanalejo para confinar las responsabilidades.
Que se les ponga punto final a tantas interpretaciones normativas que impulsan los carruseles pensionales. Que se aprueben -si es parte del remedio- leyes claras y precisas que desvirtúen el uso y el abuso de las incontables tutelas que muchas veces en vez de defender el derecho de los más débiles, es una ganga servida para el dominio de los astutos y de los más fuertes.