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Ojalá fructifique el nuevo debate sobre la propuesta gubernamental de reforma de la Ley 30 de 1992, para regular la educación superior, que se guardaba con misterioso sigilo. De una primera lectura me he formado la impresión de que es vacua e instrumental y no marca una tónica innovadora como para sincronizar el régimen educativo colombiano con los desarrollos globales más avanzados.
Un problema de impacto es el económico: No hay que escandalizarse con la aportación necesaria del sector privado al desarrollo de los fines universitarios. El tema llevado y traído de la privatización es engañoso y a veces se trata sin seriedad y con un toque notorio de demagogia. Sin embargo, se ha insistido en estos días en que el proyecto tiene un marcado acento neoliberal y mercantilista. ¿Están llegándonos las ondas del Acuerdo de Bolonia? La discusión está abierta.
¿Cómo evitar que se desnaturalice la educación superior como "servicio público cultural inherente a la finalidad social del Estado" (artículo primero, de los 164 del proyecto), si se autoriza el funcionamiento de IES con ánimo de lucro y cómo impedir la infiltración de empresas de negocios y tentáculos de organizaciones monopolísticas interesadas en utilizar la tarea educativa como pretexto para acumular dinero?
Debe aclararse el asunto de la obligatoriedad o la voluntariedad de la acreditación institucional. Si para sostenerse como universidad una corporación debe acreditarse, sólo conservarían ese carácter, de universidad, las veintiuna, de ochenta, que hasta ahora se han acreditado. Más de cincuenta pasarían a ser IES.
¿Por qué, si el gobierno pretende alcanzar consenso de la comunidad universitaria, se demoró tanto para divulgar el texto del proyecto y ni el Presidente ni la Ministra les dieron oportunidad de expresarse a ochenta rectores que debieron guardar respetuoso silencio y abstenerse de exponer puntos de vista durante la sesión de cincuenta minutos realizada hace dos semanas en Bogotá?
¿Si hay cuestiones de importancia capital en el debate educativo, como la internacionalización, la movilidad y la doble titulación, el hecho de que sólo se traten de pasada en el proyecto indica desdén por los temas puros y duros de la vida universitaria y por lo que ha de ser la presencia de la universidad colombiana en el contexto mundial?
¿Se mantendrá en el Congreso el proyecto presentado por el anterior gobierno y será cierto que el Ejecutivo pretendería apostarle también a aquella iniciativa en caso de que la nueva colapse, o tendrá suficiente apoyo en el Legislativo como para que se archive la propuesta del pasado cuatrienio y tenga luz verde la que está empezando a discutirse?
¿El gobierno impondrá el proyecto, o aceptará críticas y ajustes del sector universitario? Al divulgarlo, al menos empezó a despejar tanto misterio.