
Antes de entrar al bar, ubicado en el centro de Monterrey, los 15 sicarios abanicaron de lado a lado sus rifles y soltaron una ráfaga de balas para anunciar que habían llegado. Después, seleccionando a sus víctimas, las asesinaron con sevicia y sin el más mínimo afán. Las buscaron una a una, sin temer por la llegada de la policía, y al final de la orgía de sangre los muertos fueron 20. Eran las 10:30 de la noche del pasado viernes y México anunciaba una masacre más.
El escalofriante baño de sangre fue apenas uno de los tres hechos que el fin de semana, y en menos de 24 horas, sumaron más de 40 muertos. A los 20 de Monterrey se le agregaron 11 jóvenes decapitados en la localidad de Chalco, cerca del Distrito Federal, y 10 más en la ciudad de Torreón en el estado de Cohuila, al norte del país. La cifra, absurda, no incluye a los asesinatos selectivos, a bala, que no dejan de crecer.
A las muertes violentas, la mayoría de ellas con armas de grueso calibre, las autoridades no dudan en culpar a la lucha de bandas de narcotráfico y parece que no existe ley, autoridad o decisión gubernamental que pueda detener su impresionante ascenso. En cinco años de la presidencia de Felipe Calderón, desde cuando se inició la llamada "guerra contra el narco", la cifra de muertes en México relacionadas con esta lucha llegó a los 40 mil.
Monterrey, lugar de la masacre del viernes, está doblando año tras año el número de asesinatos violentos. Pasó de tener 267 muertes en el 2009 a 828 en el 2010 y a 770 en los seis meses que van del 2011. Como corazón industrial de México, su defensa se ha convertido en bastión del gobierno central. La lucha, sin embargo, parece inútil ante el conteo apresurado de cadáveres en sus calles.
La pila de muertos sube en el país mientras el tema de la legalización de la droga, verdadero debate del asunto, sigue confinado a auditorios y universidades. Nadie quiere dar el primer paso de una legalización gradual. Sin embargo, la prohibición enriquece a los delincuentes y los gobiernos invierten miles de millones de dólares en armas mientras México se desangra. Voltear los ojos a la realidad de una lucha que se ha perdido por 40 años es al mismo tiempo colaborar para que la cifra de muertos se incremente.
Cada mes el gobierno de Calderón reporta el arresto de un gran capo del narcotráfico. Sus detenciones, sin embargo, no detienen la violencia y por el contrario redibujan el ajedrez de las influencias delincuenciales. A ese monstruo de mil cabezas cortarle una, por grande que sea, parece no afectarlo.
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, prometió aumentar su corresponsabilidad en esta lucha y destinó 10 mil millones de dólares en los próximos cinco años para programas de prevención contra las drogas. El avance, aunque importante, no parece hacer mella en las calles mexicanas y latinoamericanas. Ninguna de estas decisiones detiene la sangría.
Lo más aberrante de esta situación, que es la misma que vive Centro y Suramérica, es que las autoridades empiezan a responder cada vez con más frecuencia y mayor convencimiento que los muertos de esta lucha son muertos delincuentes. Dicen que, cuando narcos se enfrentan a narcos, los asesinados son ellos mismos. Su explicación al desmadre del país se convirtió en su mejor disculpa.
Pero no todos los que caen son delincuentes. Los inocentes que mueren por los mismos disparos o los ciudadanos que viven bajo las ráfagas de fusil no se cuentan en la lista de ningún cartel. Son ellos las mayores víctimas incluso si las balas nunca los tocan y ahora parecen estar ocultos bajo tanto muerto etiquetado de forma general.
La guerra se tiene que pelear desde otro frente o de lo contrario los bares seguirán apagando su música en las noches porque los sicarios llegarán a esparcir la muerte.
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Obama ofrece dinero para que se sigan matando en México, pero no hace nada para rastrear los compradores y los envíos de sustancias químicas para procesar la droga. Claro, los laboratorios exportadores son gringos y aportan mucha plata para las campañas políticas de los partidos. Igual sucede con las armas, no le interesa a Obama cerrar esa fuente de abundantes ingresos para USA; además, la sangre que corre es de mexicanos y centroamericanos, gente indeseable como documentada o indocumentada en USA.


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