El ministro de Justicia, Alfonso Gómez Méndez, le solicitó a la Corte Constitución que desestime una nueva demanda en contra del Marco Jurídico para la Paz, al considerar que no es cierto que la posibilidad de participar en política de algunos guerrilleros no lleva a la impunidad.
Se trata de un artículo que dispone que en una ley posterior, el Congreso determine cuáles serían los delitos conexos a los delitos políticos a fin de determinar qué guerrilleros y responsables de qué conductas, pueden en efecto participar en política.
En audiencia desarrollada en la Corte Constitucional, Gómez Méndez estimó que la demanda se anticipa al debate que deberá tener la Corte cuando en efecto el Congreso decida los delitos por los cuales se podrá participar en política y que por eso la Corte debe avalar nuevamente el Marco Jurídico para la Paz.
“El marco jurídico remite a la ley estatuaria la enunciación de los delitos que deben ser considerados conexos al político y excluye de manera expresa a quienes hayan sido condenados por delitos de lesa humanidad. La finalidad de la norma es determinar dicha conexidad para efectos de la eventual participación en política”, señaló.
El ministro de Justicia defendió la posibilidad de que excombatientes puedan participar en política, indicando que eso no contraría la Constitución y que es fundamental en un proceso de justicia transicional.
Así defendió que las modificaciones que hizo el Marco Jurídico para la Paz en la Constitución expresamente señalan que se trata de elementos creados para justicia transicional y que por eso no se puede decir que va en contravía de la obligación de investigar los delitos cometidos contra los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, así como de la norma que impide que condenados puedan ser elegidos ya que eso aplica para situaciones normales y no de transición.
“Este análisis permite concluir que la intención era aplicar la inhabilidad de la pertenencia, promoción de grupos ilegales en tanto delitos comunes. (El marco) no establece qué delitos pueden ser considerados conexos al delito político, esa es una responsabilidad del legislador estatutario”, señaló.
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