Los niños inmersos en los conflictos armados precisan una oportunidad para recuperar su libertad y ésta debe venir de los Gobiernos, reclamó este viernes una joven ex combatiente de la guerrilla colombiana en el Día Internacional para acabar con la utilización de niños y niñas soldado.

María, que oculta su identidad por motivos de seguridad, consiguió desmovilizarse del grupo guerrillero tras combatir durante cuatro años y en el que había ingresado a los doce como una salida a la violencia familiar, la miseria y la ignorancia.

"Fue muy duro, porque dejé una muñeca y un lápiz para empuñar un arma y ahora es muy duro convivir con una sociedad que no me acepta, es una travesía total", aseguró la ex guerrillera, de viaje por varias ciudades españolas para explicar los proyectos de la Fundación Benposta, que ayuda a estos jóvenes afectados por las guerras.

Sólo un 20 por ciento de los jóvenes que intentar abandonar la guerrilla consiguen escapar con vida y cuando lo hacen se topan con escasas oportunidades de integrarse en la sociedad, agregó María en Madrid, en un acto convocado por la llamada Coalición Española para acabar con la utilización de niños y niñas soldados.

Propósito
Este foro está integrado por las organizaciones Amnistía Internacional, Alboan, Entreculturas, Save the Children, Fundación el Compromiso y Servicio Jesuita a Refugiados.

"El conflicto armado es una salida para los niños, para no afrontar la realidad que vivimos, como la violencia familiar y el abandono del Estado a la población campesina", indicó María, quien reclamó que las instituciones trabajen con las familias y que apuesten por la educación y la sanidad para todos.

La joven denunció que está aumentando el reclutamiento en algunos barrios marginales del país y que muchos de los niños que lograron abandonar la lucha armada volvieron a integrarse en estos grupos por falta de apoyo de las instituciones.

"Es triste ver cómo el Gobierno de Colombia que ha invertido tanto dinero en desmovilización, nos dé la espalda", lamentó.

Colombia es el segundo país con más desplazados internos del mundo y, según el Tribunal Constitucional colombiano, un 50 por ciento de ellos son menores de 18 años.