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Salieron del despacho de la Ministra de Educación con un CD en sus maletines. En ese formato 29 rectores de universidades cargan el futuro del país, la nueva ley de educación superior.
La entrega se las hizo el viernes María Fernanda Campo, jefe de esa cartera, quien les dio a conocer el articulado que materializa la propuesta del Gobierno Nacional.
Un día antes, el jueves, Juan Manuel Santos, presidente de Colombia, les planteó a los rectores de universidades públicas y privadas los pilares en los que basará su política educativa en ese nivel de formación. Se destaca su intención de vincular al sector privado en la financiación.
Danilo Reinaldo Vivas Ramos, presidente del Sistema Universitario Estatal (SUE), contó cómo recibieron esta iniciativa.
¿Cómo toman la propuesta de ley de educación superior del Gobierno?
"En este momento, como SUE, podemos comunicar que la ansiedad que se había generado por la posición del Gobierno, de que tenía un proyecto de ley y que luego la daría a conocer, ya se suplió, en tanto que el señor Presidente y la Ministra de Educación ya nos presentaron la ley.
Hemos conversado sobre los principios rectores, los fundamentos básicos de ese proyecto de ley y no es -quedó claro para todos- una reforma a la Ley 30. Es un nuevo imaginario sobre educación superior, por lo tanto es una nueva ley, que como tal, debe corresponder a las necesidades expectativas de requerimientos de una sociedad como la nuestra, de un país que está muy lejos de hacer de la educación superior un eje estratégico de desarrollo".
¿En ese contexto, cómo debe asumirse la propuesta?
"Para el consejo nacional de rectores del SUE hoy se puede decir que es el día donde surge un proceso, el cual debe contar con la participación de toda la comunidad universitaria, y también de la sociedad colombiana en su conjunto, para poder determinar qué tipo de educación superior requerimos y cuál sería el articulado o la ley que entraría a suplir esas expectativas, a responder a esos anhelos de tipo nacional cuando la era del conocimiento determina que la educación superior juega un papel fundamental en el bienestar y el desarrollo de las comunidades.
Es allí donde nosotros le planteamos a la señora Ministra la necesidad de estudiar el articulado y hacer un conversatorio más profundo y con preguntas más concretas sobre la ley el próximo viernes 18 de marzo a las 3:00 de la tarde en su despacho".
Un punto central de la propuesta es vincular al sector privado en la financiación.
"Eso es algo que a nivel mundial se ha venido dando y el Gobierno ha recogido experiencias de otros países donde ha tenido resultados positivos para mostrar cómo implementarlas en nuestra cultura.
Lógicamente nosotros entendemos que los contextos de los países son diferentes y lo que en una parte pudo haber sido exitoso no necesariamente lo va a hacer en otra.
Estas propuestas son vistas con cierto interés en algunos casos, con preocupación en otras y con cierto escepticismo en otros sectores. Desde cada una de las perspectivas saldrán los análisis y los argumentos. Ningún planteamiento puede ser desechado antes de abocar una discusión y que sean los argumentos y la fuerza de las ideas que primen más que las componendas políticas en el Congreso o el direccionamiento por las consignas que tiene el Gobierno a través de sus bancadas para que se apruebe una ley que no vaya a responder a las expectativas nacionales".
¿El Gobierno mostró disposición para ese debate?
"Fue claro en manifestar que no tiene tiempo definitivo para presentar la ley, que el tiempo lo da misma discusión y el análisis que sobre la misma se dé, porque está interesado en que salga una muy buena ley.
Eso tranquiliza un poco porque estábamos preocupados por el interés de sacarla muy rápidamente, y no por el tiempo puede salir cualquier ley, máxime cuando todos hemos venido concluyendo que la educación superior adquiere un papel preponderante en el desarrollo de nuestro país".
¿Cuántos rectores asistieron a la presentación de la propuesta?
"Con el Presidente estábamos los rectores que nos encontramos el viernes a las 10:30 de la mañana en el despacho de la Ministra como Consejo Nacional de Rectores, estuvimos 29. Eso demuestra el alto interés de las 32 universidades que componen el SUE de conocer el cuerpo de la ley a partir de ahí, diseñar las estrategias para que haya una discusión incluyente en todas nuestras regiones, involucrando no solo la comunidad universitaria, profesores, administrativos, estudiantes y directivos, sino también a la sociedad en su conjunto.
Las autoridades departamentales, territoriales, el sector productivo, la sociedad civil, todos tienen que opinar sobre qué tipo de educación quieren para sus hijos, en correspondencia con qué tipo de educación requiere nuestro país para alcanzar mayores niveles de desarrollo y bienestar para todos los colombianos".
¿Qué notó? ¿Más expectativa o escepticismo?
"No hay un rechazo tácito porque eso no contribuye a un debate. Cuando las cosas se rechazan de ante mano, sin haber conocido a fondo elementos que constituyen una propuesta y no haber oído los argumentos de las distintas expresiones, pues flaco servicio se le hace al país limitarnos a esa discusión.
Lo que hay es una grande expectativa, escepticismo en algunos casos. Hay algunos planteamientos que hace el Gobierno más con el deseo que con la realidad, fundamentalmente en la vinculación del sector productivo con las universidades.
Allí hay una situación de fondo y es la posición utilitarista que siempre el sector productivo ve en los demás sectores para ser y consolidarse como tal, cómo lograr que haya un diálogo de pares entre este y la universidad colombiana para que podamos con elementos concretos andar caminos comunes es el reto".
¿En la reunión hablaron algo del dinero de las vigencias pasadas que no les han girado a las instituciones?
"La Ministra nos manifestó en la reunión que nos daba una buena noticia y es que los recursos adeudados a 31 de diciembre serían girados. Dijo que el cambio de sistema financiero en el Ministerio de Hacienda generó algunas demoras y dificultades pero que ya superados esos aspectos, en esta semana que viene estarían girados los recursos.
Una noticia bastante importante porque llevábamos dos meses y medio con compromisos adquiridos y que no teníamos como responder porque ellos correspondían a la vigencia 2010. Uno de los temas que sí preocupa a los rectores es que no podemos supeditar a la discusión y a la aprobación del decreto de ley de educación superior los recursos necesarios adicionales que el gobierno debe colocarle a la universidad pública este año, debido a la no aprobación en el Congreso de la República del proyecto de reforma parcial a la Ley 30 que permitía que en este 2011 llegara a la base presupuestal de las universidades un dos por ciento adicional al IPC".