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Luego de la euforia oficial derivada de la aceptación formal que recibiera Colombia de adhesión a la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) vendrán las exigencias que se deriven de la hoja de ruta que las partes definirán próximamente.
Este es el resultado de un deliberado interés presidencial y ministerial de llevar al país a tan importante foro, lo que hace del mismo un indiscutible logro del Gobierno Santos.
Del cumplimiento de dichas exigencias dependerá la rapidez con que Colombia haga parte del exclusivo club de las buenas prácticas, como se le conoce.
La tarea no es tan automática como ingenuamente podría pensarse, sólo hay que ver que Rusia lleva seis años en espera y a otras naciones esto les ha tomado tres o más años.
Muy seguramente la hoja de ruta implicará, más pronto que tarde, que el país se vea en la necesidad de adoptar una serie de prácticas, de políticas y de reformas estructurales en diversos campos, algunas de las cuales, por diferentes motivos entre los que se destacan la falta de interés político y las poderosas presiones de grupos económicos o sociales, se han evitado o relegado a través del tiempo.
En estas actuaciones y miopías subyacen las verdaderas causas que frenan los avances del país en materia de competitividad. De allí que las exigencias de entrada al club de la OCDE probablemente le servirán al país para ponerse al día en asuntos cruciales para el crecimiento económico y el bienestar de los ciudadanos, y los que, de otra manera, seguramente mantendríamos en la larga e interminable fila de tareas pendientes.
Al respecto no le falta razón al Secretario General de la Organización cuando dice que tanto Colombia como Letonia, que comparte invitación con nuestro país, "han dejado claro que su ingreso es crítico para su desarrollo y sus esfuerzos de reforma". Según esto, estamos poniendo en manos de la OCDE la posibilidad de realizar las reformas estructurales que necesitamos para el progreso y la equidad.
Sin duda, haber sido invitados a la antesala de admisión del club de países ricos representa una distinción altamente significativa que se le hace al país por los avances que durante la última década ha alcanzado en materia económica y los cuales se han expresado en mejoras sustanciales en diversos indicadores.
Al tiempo, es una demostración de que todavía nos falta mucho camino por andar en los alcances y la calidad de nuestras políticas públicas y, sobre todo, en las instituciones y las reglas de juego.
Pertenecer a la OCDE no garantiza logros que el ciudadano del común perciba claramente en su vida diaria, como sí ocurre con los tratados de libre comercio. Tampoco evita desviarnos del camino de la prudencia en el manejo de la política macroeconómica. Y para confirmarlo basta ver que en el club de la OCDE están los países que dieron origen y que mantienen a la economía mundial sumida en una aguda y larga crisis.
Sin embargo, sí nos puede ayudar a mejorar el diseño y la aplicación de prácticas más eficaces en diversos campos.
Igualmente, esto redundará en mejores notas crediticias, en mayores flujos de inversión y, sobre todo, en el largo plazo, en más crecimiento. Pero para lograrlo, Colombia deberá cumplir con tareas que la pongan a la altura de las mejores prácticas mundiales en políticas públicas.