Los cuatro oficiales de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) procesados en el caso Santo Domingo (Arauca), en el que murieron 17 civiles en 1998, interpondrán hoy una denuncia penal contra funcionarios judiciales y auxiliares de justicia por lo que ellos consideran la forma irregular en que se han adelantado las investigaciones y presentado las pruebas dentro de este caso.
El capitán César Romero Padilla y el teniente Johan Jiménez Valencia, condenados a 31 años de cárcel; el coronel Sergio Garzón Vélez, y el mayor Germán David Lamilla Santos, quienes también fueron vinculados y se les vencieron los términos para ser llamados a juicio, expresaron mediante un comunicado que instauran la denuncia "por los posibles punibles de fraude procesal, falsedad en documento público, prevaricato, favorecimiento y otros".
Manifestaron que "los funcionarios judiciales que hoy son denunciados, mediante el fraude procesal, el prevaricato, la suplantación de evidencias y otros delitos, han engañado al pueblo Colombiano, ocultando la verdad, favoreciendo a autores de esta masacre, es decir favoreciendo al grupo terrorista de las Farc".
Señalan, además, que con estos delitos se ha permitido que se paguen millonarias indemnizaciones a quienes se han hecho pasar por víctimas del caso Santo Domingo, "dinero que ha sido reclamado por supuestos grupos defensores de Derechos Humanos, pero del cual no se tiene certeza si ha llegado a las manos de los familiares de las víctimas del camión bomba puesto por las Farc en Santo Domingo".
Édgar Saavedra Rojas, abogado de los pilotos, denunció supuestas irregularidades, cuando el 30 de octubre pasado mencionó en este diario que "hay una deformación probatoria en el caso".
Saavedra explicó que en las pruebas presentadas para la condena de los oficiales hay un esfuerzo dialéctico para aumentar el poder del dispositivo y, segundo, bajar la distancia de la mata de monte del caserío.
"Se dice que el alcance del dispositivo es de 150 metros, cuando está probado que no son más de 30 metros, según consta en los manuales del fabricante. Además, la mata de monte (donde se escondían los guerrilleros y donde cayó el dispositivo cluster), en su punto más cercano, está más o menos a 100 metros del caserío. Los jueces dicen que está entre 20 y 70 metros", comentó el abogado.
Colombia, perjudicada
El caso Santo Domingo ocurrió hace exactamente 13 años, cuando en un descampado de ese caserío de Tame (Arauca), la Fuerza Aérea bombardeó una columna de las Farc. Días después salió a relucir que en este poblado habían muerto 17 civiles por el bombardeo, mientras que la defensa de los militares sostiene que estas personas murieron "por un camión bomba que las Farc detonaron en la mitad del caserío".
Entre las inconsistencias que el abogado Saavedra asegura encontrar en la investigaciones está que tras procedimientos judiciales hechos seis meses y un año después se encontraron fragmentos de la bomba que no aparecieron cuatro días después de cuando se hicieron las primeras pesquisas.
"Hubo una pobladora que llevó 150 fragmentos. ¿Dónde los consiguió? ¿En qué lugar? No se sabe. No hubo identificación de los testigos" expresó Saavedra.
Por este caso, el Estado colombiano fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos a pagar 8 millones de dólares, (unos 15.760 millones de pesos) a las víctimas, de los cuales ha pagado 5.700 millones de pesos.
Para los oficiales, esta denuncia, como la de Mapiripán, ha dejado una mala imagen de Colombia en el exterior al ser señalado "como un Estado violador de Derechos Humanos acusado de bombardear indiscriminadamente las casas de inocentes campesinos".
Los militares pidieron a la fiscal General, Viviane Morales, y al procurador general, Alejandro Ordóñez, que en virtud de una investigación clara haya una buena cadena de custodia ante las pruebas presentadas por las cuales se denuncia a quienes desde la justicia han llevado el caso de Santo Domingo.
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