Debo hacer primero dos declaraciones: toda persona tiene derecho a aspirar a un puesto público, máxime si es por elección popular. Y segundo: toda persona tiene derecho al buen nombre.
Dicho esto, como columnista de opinión, no puedo soslayar referirme a las denuncias que ha hecho este periódico sobre actuaciones del doctor Álvaro Vásquez. Agrego además que no me convierto en juez, no me corresponde. Pero sí haré algunos interrogantes porque no se trata de un "tema particular y privado" sino público.
El doctor Álvaro Vásquez aspira a ser gobernador de Antioquia y eso implica manejar los bienes públicos, los dineros de la comunidad.
Debe entonces dejarle claro a toda Antioquia de su estricto cumplimiento del orden legal y, sobre todo, de su escrupuloso comportamiento ético. Es lo mínimo que debemos exigirle a un gobernante.
Reitero que no tengo pruebas para afirmar si lo denunciado es cierto o no. EL COLOMBIANO está cumpliendo con un deber periodístico, no de juez. Así debe mantenerse.
Corresponde al doctor Vásquez responder, no solamente ante las autoridades pertinentes, como él cree, sino darle satisfactorias explicaciones a una comunidad que pretende liderar. Cuando el periódico lo llama para escuchar su versión, no son de recibo sus respuestas burlonas o descalificadoras. Un dirigente debe distinguirse por su seriedad.
Puede que el "presunto uso de la maquinaria política" le dé el triunfo, pero no conquistará así la confianza de los ciudadanos.
¿Podemos creer en alguien que constituye una empresa y nombra como gerente y representante legal a su conductor?
¿No queda por lo menos la duda de cuál es la verdadera intención cuando uno no da la cara?
¿Qué negocios puede uno entregarle a un conductor para que le maneje parte de su patrimonio?
¿Es transparente que la fundación propietaria de las acciones del Fondo Ganadero crea venderle a una sociedad y termine haciendo traspaso a alguien sin saberlo? ¿Es ético? ¿Es confiable?
El doctor Álvaro Vásquez, en el evento de un posible triunfo, no puede someter a Antioquia a cuatro años de denuncias, debates, juicios, investigaciones. El ejemplo de Bogotá debe servirnos.
Si él quiere de verdad servirle a Antioquia, debe pensar muy bien qué sería lo mejor.
Una renuncia a su aspiración no sería tomada como aceptación de la veracidad de las denuncias sino la muestra de una grandeza de espíritu que pone por encima de las pretensiones personales, el bien común. Además será una prueba de lealtad con el Gobernador de Antioquia, ya que le ha dado a entender a todo el mundo que no ha sido solo su colaborador sino que es un patrocinador político.
El Gobernador no puede pedirle que se retire, pero yo creo que le agradecería que no lo arrastre a su torbellino judicial.
Una cosa más: no es de recibo que uno pase de independiente a conservador aduciendo como razón que ha sido colaborador de Ramos Botero.
O sea que también le echa la culpa de haberse convertido de papaya a piña.
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