Protestas violentas como la registrada en Puerto Gaitán, Meta, en los campos petroleros que explota la compañía canadiense Pacific Rubiales, pueden convertirse en el palo en la rueda para frenar la marcha de la locomotora minero-energética, una de las cuatro con las que el Gobierno Nacional quiere impulsar el crecimiento de la economía del país en los próximos años.
Tan preocupante como los sucesos provocados por los manifestantes, con quema de instalaciones y vehículos y el bloqueo de vías, es la parálisis que se registra en los campos petroleros de Rubiales y Quifa, donde se producen unos 225 mil barriles de crudo diariamente, y lo es más aún el mensaje que se da a los inversionistas extranjeros que siguen llegando al país atraídos por las buenas expectativas en el sector minero y de hidrocarburos.
Colombia vive un auge en la inversión petrolera. Ya están aquí, trabajando en asocio con Ecopetrol, las principales compañías de crudo del mundo. Sus inversiones llegarán este año a una cifra récord de US$3.000 millones. Esto significa la incorporación de nuevas áreas en exploración, con una cifra también histórica en la perforación de nuevos pozos. Al concluir el año, el país estará produciendo 900.000 barriles diarios de petróleo, algo sin precedentes.
El resultado lo hemos visto reflejado en la generación de nuevos empleos, incremento en la demanda agregada de bienes y servicios, mejores utilidades para Ecopetrol que también revierten a sus accionistas, entre ellos, el principal que es el Estado colombiano, y sobre todo, un considerable aumento de las regalías. Las que recibirá este año Puerto Gaitán, sumarán 400.000 millones de pesos.
La confianza inversionista generada por la política de seguridad democrática, sumada a la voluntad de la actual administración de hacer del sector minero-energético uno de los motores de nuestra prosperidad no puede frustrarse por protestas en torno a la explotación de este recurso por parte de quienes están interesados en torpedear los beneficios que se desprenden de las inversiones ya mencionadas. En el caso de Antioquia hemos visto cómo núcleos de población, alentados desde la sombra por actores armados ilegales, bloquearon el desarrollo de un proyecto hidroeléctrico tan importante como Porce IV, afectando el desarrollo de los municipios en su zona de influencia.
Mediante el diálogo, para procurar la concertación entre las empresas contratistas y sus trabajadores en torno a sus condiciones laborales, pero también con la firmeza de la autoridad contra los saboteadores, así se tenga que acudir a medidas extremas como el toque de queda, conflictos como el de Puerto Gaitán, no pueden prosperar. Es mucho lo que está en juego para el país y los propios habitantes de las regiones con exploración y explotación petrolera.
El petróleo es un valioso recurso estratégico para el futuro de Colombia y no debe volver a ser el combustible de conflictos entre empresas y trabajadores, sobre todo si sabemos que hay grupos prestos a atizar el fuego, con intereses ajenos a la realidad nacional y al de las comunidades que pueden verse beneficiadas con este boom.
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