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Con el propósito de solventar las dificultades que vienen afectando la marcha de algunos sectores económicos, en ciertos círculos se consideró necesario aplicar un plan de choque. Sin embargo, el Gobierno ha precisado que la economía marcha bien y no necesita de este tipo de medidas.
Por ello, el Gobierno presentó una propuesta más amplia denominada "Plan de impulso a la productividad y el empleo (PIPE)". El Plan atiende las necesidades de diversos sectores, como la industria, la agricultura y la construcción, y pretende, más allá de la dinamización productiva, afectar otros aspectos no menos importantes y necesarios, como la generación de empleo.
De los cinco billones de pesos que cuesta el Plan, un poco más de la mitad se dedicará a la construcción y la infraestructura. La eliminación de aranceles para la importación de materias primas y bienes de capital que no se producen en el país tiene un costo de 1,2 billones. Esta medida beneficia principalmente a la industria. El monto de los recursos que se dirigen al sector agropecuario es de 500.000 millones de pesos.
Con esta repartición de recursos, el gran beneficiado es la construcción. Tal apoyo le permitirá a este sector retornar a su senda de crecimiento y ampliar la oferta de vivienda. Con ello no sólo se beneficia a un número importante de familias de menores ingresos que accederán a una vivienda nueva, sino que se apoya la generación de empleo directo y la demanda de diferentes productos industriales que son utilizados en la construcción.
Las denominadas medidas transversales del Plan constituyen el principal aporte a los sectores transables afectados por la revaluación del peso. Dichas medidas representan un choque de oferta que mejora, a través de una mayor tasa de cambio, los ingresos de las empresas. También reduce sus costos de producción mediante la disminución de los parafiscales y la disposición del no cobro de aranceles.
De esta forma se espera estimular los niveles de actividad y empleo en estos dos sectores.
Sin duda estas decisiones favorecen, en mayor medida, al sector manufacturero. En el caso de la agricultura, son las actividades exportables y las formales las más beneficiadas. Los otros componentes de las medidas para este sector, como es la realización del Censo Agropecuario o la construcción de más viviendas rurales, no parecen tener mayores impactos en esta actividad.
Aunque el Plan habla del impulso a la productividad, no es claro, salvo algunas medidas particulares y de alcance limitado, que se logren mayores avances en esta dirección. Esto es lamentable dado que no se dispone de una política industrial activa y que la política agrícola se ha mostrado poco eficaz.
Resulta importante llamar la atención sobre el hecho de que las medidas cambiarias adoptadas constituyen un ejemplo claro de lo limitado que le resulta al país afectar la tasa de cambio. Mientras no se den unas condiciones macroeconómicas más favorables, como lo es un superávit fiscal, el Gobierno tendrá que recurrir a medidas que, como las anunciadas, no tienen clara su eficacia y sostenibilidad en el tiempo.
Para que el plan cumpla realmente su objetivo es necesario que el Gobierno ejecute, con prontitud y eficacia, las medidas propuestas. De ello dependerá la rapidez como las mismas impacten la marcha de los distintos sectores y de la economía en general.
Igual, es de esperar que los renglones beneficiados no sólo mejoren sus balances sino que dinamicen la actividad productiva y la generación de empleo formal.