Por considerar que no se hizo el seguimiento adecuado a préstamos otorgados en 2008 al sector floricultor, la Contraloría General de la República abrió seis procesos de responsabilidad fiscal por 38.000 millones de pesos contra exdirectivos del Banco Agrario y Finagro.
Según la Contraloría, se detectó una supuesta cadena de irregularidades entre ellas, el levantamiento de las garantías a los beneficiarios por parte del Fondo Agropecuario de Garantías, que fue creado para respaldar las solicitudes de los empresarios del ramo que no pudieran responder ante el sistema financiero tradicional.
El Gobierno autorizó una línea especial de créditos debido a la caída del precio del dólar que dejó mal parados a los exportadores, en especial a los del sector agropecuario. Los recursos (cerca de 224.000 millones de pesos) fueron inyectados por el Ministerio de Agricultura para ayudar a financiar las necesidades de productores de banano, flores y camarón, entre otros.
Se autorizó hacer operaciones de redescuento por parte de intermediarios financieros ante Finagro. En este caso el intermediario financiero fue el Banco Agrario y las garantías procedían del Fondo Agropecuario de Garantías.
Sin embargo, la Contraloría considera que al momento de concederlos, se desconoció la situación de alto riesgo del sector, las deficiencias en la situación financiera de las compañías beneficiarias de los créditos tales como pérdidas operativas, indicadores de liquidez negativos y disminución del patrimonio en algunos casos.
Al analizar los casos, el ente fiscalizador abrió los procesos bajo los radicados 26, por un monto de 7.868 millones de pesos; 27, por 6.700 millones; 28, por 10.344 millones; 29 por 3.700 millones; 30 por 2.060 millones y 31 por un valor 7.500 millones de 2012; los que sumados llegan a 38 mil millones de pesos.
Pero este no es el único proceso en curso. La Uiaf, del Ministerio de Hacienda, investiga a los dueños de las empresas que fueron beneficiarias de los créditos. Además, la Fiscalía indaga si, por parte del Banco Agrario, se presentaron irregularidades que podrían configurar fraude procesal, concierto para delinquir.
En total serían 22 personas las que están siendo investigadas.
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